Penas de hasta 13 años de cárcel para una red de explotación sexual en un chalet de Pozuelo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal que, presuntamente, introducía de forma ilegal en España a mujeres procedentes de Sudamérica para explotarlas sexualmente en una casa de citas ubicada en Pozuelo de Alarcón.

La fiscal solicita penas de entre trece y cinco años de cárcel por la presunta comisión de delitos de inmigración ilegal, explotación sexual, amenazas e integración en organización criminal. El juicio se prolongará durante toda la semana.

En las cuestiones previas, los abogados defensores han solicitado nulidad del volcado del contenido de los móviles así como la nulidad de las declaraciones realizadas tras las detenciones de los procesados.

Durante los interrogatorios, el presunto jefe de la organización ha negado haber facilitado la entrada ilegal de personas en España y haber ofrecido trabajo para el ejercicio de la prostitución. Asimismo, ha manifestado que únicamente alquilaba habitaciones de un chalet, rechazando haber destinado el inmueble al ejercicio de actividades relacionadas con la prostitución.

Por su parte, otra de las acusadas ha negado haber facilitado el teléfono móvil del presunto líder para la promoción de la prostitución, así como haber proporcionado contactos de mujeres para dicha actividad.

RED DE CAPTACIÓN MUJERES

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a principios de 2020, cuando los acusados habrían formado parte de una red asentada en Pozuelo cuya finalidad era captar mujeres en sus países de origen, principalmente Venezuela, facilitando su traslado a España a cambio de una deuda que oscilaba entre los 3.000 y los 5.000 euros.

La Fiscalía sostiene que las víctimas debían saldar esa deuda mediante el ejercicio de la prostitución en un chalet de la Avenida de Europa de Pozuelo de Alarcón, donde se les imponían condiciones de trabajo como disponibilidad permanente, un día libre semanal y una hora libre al día.

El principal acusado se enfrenta a una petición de pena de 13 años de prisión: siete años por un delito de inmigración ilegal cometido en el seno de una organización criminal y otros seis años por dos delitos de lucro de la explotación sexual, además de multas económicas.

Por su parte, otra de las acusadas afronta una solicitud de seis años de cárcel, cinco por el delito de inmigración ilegal y uno más por un delito de amenazas.

La Fiscalía reclama asimismo cinco años de prisión para otra procesada por el delito de inmigración ilegal, mientras que para una cuarta solicita seis años de prisión por dos delitos de lucro de la explotación sexual, además de multa.