La Policía Municipal de Madrid ha impuesto este año 22 denuncias a locales por contratar porteros sin acreditación

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha abierto 22 expedientes a varios locales de ocio de la capital por contratar a porteros que carecen de la pertinente licencia, preceptiva desde abril por orden de la Comunidad de Madrid tras la muerte de Álvaro Ussía hace mañana un año a las puertas del Balcón de Rosales.

La mitad de las denuncias se practicaron entre el 5 de abril, fecha en que entró el vigor la orden regional, y el 18 de junio. El resto se impusieron desde esta fecha hasta este mes de octubre, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Estas denuncias son fruto de las 25.000 inspecciones de todo tipo practicadas a locales de espectáculos públicos y actividades recreativas en los nueve primeros meses del año. Los distritos más afectados por irregularidades, al menos hasta el verano, por no contar con porteros acreditados fueron los de Centro, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

En estos controles, los agentes solicitan toda la documentación al local, desde los permisos de funcionamiento hasta los carnés de los porteros, sin que haya necesidad de una causa para pedir los documentos.

Según la legislación vigente, las multas en municipios de menos de 20.000 habitantes eran gestionadas por la Comunidad, y el resto por los Ayuntamientos correspondientes. Desde abril de este año el Gobierno regional sólo ha recibido tres denuncias procedentes de localidades de menos de 20.000 habitantes, que no han llegado a convertirse en sanción por defectos de forma, indicaron a Europa Press fuentes regionales.

AUMENTO DE LAS SANCIONES

Aunque no es obligatorio que los propietarios de las discotecas cuenten con controladores de acceso en su entrada, si la Policía descubre que actúan como porteros personas sin carné o no lo tienen visible, los locales podrán ser multados hasta ahora con sanciones de entre 3.006 y 30.050 euros, sanción que generalmente acababa en 5.000 euros.

Sin embargo, la multa aumentará una vez entre en vigor la nueva tipificación que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así, este tipo de infracción se convertirá en muy grave, por lo que los propietarios de los locales con porteros sin carné se enfrentarán a multas de entre 30.051 y 300.506 euros para que, de esta manera, no les compense contratar a controladores de acceso sin acreditar.

Además, al ser una infracción muy grave corresponderá a la Comunidad de Madrid tramitar la sanción, aunque la Policía Municipal siga siendo la que imponga la denuncia, explicó a Europa Press un portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

La región cuenta actualmente con 2.896 porteros acreditados, tras los dos exámenes realizados desde la entrada en vigor de la normativa que regula los controladores de acceso. El sector del ocio nocturno y de asociaciones de porteros calculan que en la Comunidad trabajan entre 10.000 y 20.000 controladores de acceso.

COMPETENCIA SANCIONADORA

La Dirección General de Seguridad e Interior, dependiente del departamento que dirige Francisco Granados, ostenta la competencia sancionadora en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Así, se trata de garantizar que los ciudadanos disfruten de su tiempo de ocio en las mejores condiciones.

De este modo, se persiguen infracciones tales como el ejercicio de actividades diferentes a las que ampara la licencia del local o establecimiento; la negativa u obstaculización de la labor inspectora de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones; la permisión por parte de los responsables de los locales del consumo ilícito de drogas y sustancias estupefacientes en los mismos, o la venta y servicio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Estas infracciones administrativas pueden ser sancionadas con alguna de las siguientes sanciones: Multa comprendida entre 30.051 y 300.506 euros; clausura del local desde seis meses y un día hasta dos años; suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo desde seis meses y un día hasta dos años e inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos y actividades recreativas desde seis meses y un día hasta dos años.