MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía Municipal de Madrid ha remitido a la Fiscalía de Menores cerca de una veintena de informes sobre cuadros etílicos graves por consumo de alcohol en menores encontrados por los agentes en poco más de tres meses, a los que acompaña el correspondiente parte facultativo de SAMUR-Protección Civil, según han confirmado a Europa Press fuentes locales.
De enero a noviembre de 2021, los agentes registraron 42.410 multas por botellón en la capital, 1.075 de ellas recayeron en menores de edad, 192 en octubre y 50 en noviembre. Pero solo han remitido a Fiscalía una veintena de casos, los correspondientes a comas o borracheras graves, la mayoría en el mes de octubre (13).
El Ayuntamiento de Madrid tomó a principios de ese mes la decisión de enviar estos informes a la Fiscalía ante el aumento de casos de ingesta de bebidas alcohólicas por parte de adolescentes en botellones, con el objetivo de "saber exactamente qué ha sucedido" y "responsabilizar a los padres". Previamente al envío, los informes pasan por la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid.
En octubre los Agentes Tutores de la Policía Municipal se incorporaron a los operativos que despliega el Cuerpo cada fin de semana en los parques, plazas y calles de la ciudad para abordar el consumo de alcohol en vía pública en menores, en medio de los grandes macrobotellones, algunos con incidentes, que marcaron el inicio del curso universitario en la capital.
Desde entonces, los efectivos del Servicio de Agentes Tutores se distribuyen en los dispositivos del Cuerpo Local para que, al producirse intoxicaciones etílicas en menores de edad, y tras ser atendidos sanitariamente por el Samur, inician expedientes de protección para su remisión a la Fiscalía de Menores, además de avisar a los padres o tutores de los menores. Estos agentes además piden más efectivos, de ser necesario, a la Unidad de Atención y Protección de la Mujer, el Menor y el Mayor.
Entre las labores habituales de este tipo de Agentes Tutores se encuentran la vigilancia de los centros escolares y las actividades con las comunidades educativas y las familias (violencia intra y extraescolar, charlas, procesos de mediación, actuaciones con drogas, etc.), pero también actuar en los diferentes espacios y contextos en los que se mueven los menores de edad, también las vías y parques públicos, los lugares de ocio, el medio ambiente urbano y las nuevas tecnologías, con el objetivo único de promover el respecto a los derechos de la infancia.
