PP concluye tras la comisión del 'cupo catalán' que es "inconstitucional" y "pone en riesgo servicios públicos"

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha adelantado las conclusiones que ha sacado su partido de la comisión de estudio sobre el 'cupo catalán', que ha afirmado que es "inconstitucional, pone en riesgo los servicios públicos y perjudica especialmente a Madrid".

Así lo ha destacado el 'popular' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha indicado que el dictamen final llegará este miércoles a la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendría para los madrileños el llamado Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña.

Concluye así esta comisión que echaba a andar el 25 de abril y lo hacía solo con el PP después de que la oposición en bloque rechazara participar. Vox abandonaba su presencia tras rechazarse su lista de comparecientes --que incluía a cargos del PP o a Carles Puigdemont--, mientras que PSOE y Más Madrid rechazaban la búsqueda de un "circo mediático".

Así, según un comunicado del PP, el documento, que aprobará este miércoles, incluye siete conclusiones que afirman que el acuerdo no tiene "ningún encaje constitucional, que rompe el principio de igualdad entre ciudadanos como el de solidaridad interterritorial" y que "un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución".

"Este acuerdo trata de modificar la Constitución por la puerta de atrás, de llevarnos a una confederación de manera ilegítima basada sólo en la necesidad de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa", ha señalado Díaz-Pache.

Sostienen los 'populares' que con este acuerdo se pone en riesgo la prestación de servicios públicos comunes en todas las Comunidades Autónomas, que la Administración General del Estado se quedaría sin recursos suficientes para poder ejercer las funciones que la Constitución le asigna, anulando la capacidad del Estado de garantizar el equilibrio territorial y social, y que supondría la fractura de la Agencia Tributaria Estatal.

Asimismo, afirman que tras las sesiones se evidencia que Cataluña no está infrafinanciada y que su problema no es de financiación, sino de gestión. "A pesar de ser la Comunidad Autónoma con las tarifas más altas de las distintas figuras tributarias y la que más impuestos propios tiene, ha generado sucesivos déficits fiscales y una deuda pública que hacen difícilmente sostenible sus cuentas", apuntan en un comunicado en el que apuntan a que ese "incremento exponencial del gasto no ha estado vinculado a una mayor prestación de servicios públicos", sino que ha estado encaminado a "generar una estructura del Estado paralela al español".

El dictamen pone también el foco en la posibilidad que recoge el acuerdo de poder extender estas condiciones a otras CCAA y abrir la puerta a una generalización del sistema de concierto y asegura que "sería una trampa porque lo que propone es desequilibrar el sistema en favor de los territorios, dejando a la Administración central en una posición subordinada".

Para elaborar el dictamen final, se han tenido en cuenta las aportaciones de numerosos expertos en Derecho Constitucional o Financiero, así como representantes de diferentes instituciones. Entre ellos, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; el director de Fedea, Ángel de la Fuente, los catedráticos Raúl Canosa, Gabriel Casado o Vicente Garrido, así como el ex director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruíz-Jarabo.

Todos ellos han compartido su análisis sobre este acuerdo bilateral durante los seis meses de trabajo de esta comisión y han expuesto las consecuencias que tendría a nivel general y en particular para la Comunidad de Madrid, "que saldría especialmente perjudicada".

"Madrid quedaría, prácticamente, como la única comunidad responsable de financiar la redistribución territorial, lo que pondría en riesgo la prestación de sus servicios públicos o conllevaría un incremento de la presión fiscal sobre los madrileños. De esta manera, se acabaría con el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid, que es la garantía de prestación de los mejores servicios públicos", apuntan los 'populares'.

En este sentido, Díaz-Pache ha destacado que la Comunidad de Madrid es un ejemplo de que, "con impuestos bajos y una buena gestión, las regiones pueden ser prósperas". Sin embargo, "su sectarismo ideológico les impide reconocerlo y quieren imponer el sistema fracasado de secesionismo catalán, que con 15 impuestos propios no son capaces de financiarse".