MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
PP y Cs elevarán una moción conjunta en el Pleno de Centro que se celebra este miércoles para "instar al desalojo" de la Casa del Cura, en la plaza del Dos de Mayo, en Malasaña, "cuyos ocupantes lo hacen sin el título legal habilitante".
Presentan la moción para que el inmueble pueda destinarse "a una nueva oficina de Servicio sociales". El mismo planteamiento harán PP y Cs con el solar de la calle Antonio Grilo, para "destinarlo a la construcción de un centro de salud por parte de la Comunidad".
A principios de agosto, la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, gestora del proyecto municipal Haciendo Barrio, interpuso una denuncia en el juzgado por un presunto delito de coacción por parte de la Junta Municipal de Centro tras el intento fallido de cambio de cerradura en la Casa del Cura, cedido en la anterior legislatura para un proyecto comunitario y que ahora el actual Gobierno municipal pretende recuperar para poner en marcha unas oficinas de Servicios Sociales.
La denuncia se interponía después de que la Junta de Centro anunciara que acudiría a la vía judicial tras haber intentado el pasado 30 de julio recuperar "de oficio" el inmueble de la Casa del Cura, algo que no fue posible "debido a la violenta oposición vecinal".
Los colectivos ciudadanos tomaron la decisión de denunciar "ante la actitud del concejal del distrito Centro y teniendo en cuenta sus últimas actuaciones, de dudosa legalidad".
Lo hicieron después de que la Junta de Centro, "ignorando los procesos legales, enviara a dos operarios a cambiar la cerradura de la Casa del Cura y a dos agentes de la Policía Municipal, vestidos de paisano, a asaltar y tomar posesión del edificio". La denuncia en el Juzgado fue acompañada del atestado de la Policía Nacional.
INTERVENCIÓN CIUDADANA "NADA AGRESIVA"
"Afortunadamente gracias a la rápida y nada agresiva intervención vecinal, de la Policía Nacional y también de la Municipal, se logró frenar esta agresión, que produjo daños en el patrimonio de todos", apuntaban los colectivos ciudadanos, que aseguraron que el intento de abrir la cerradura no contaba "con ningún tipo de orden ni comunicación oficial".
Los colectivos vecinales argumentan que con este intento de cambio de cerradura se buscaba "terminar con la actividad de distintas iniciativas vecinales como, entre otras, Malasaña Acompaña, que lleva desde el inicio de la crisis de la Covid-19 ofreciendo alimentos a través de una despensa solidaria, banco de ropa y productos de higiene a las familias más vulnerables del barrio y del distrito".
LA JUNTA TAMBIÉN ACUDE A LA VÍA JUDICIAL
La Junta Municipal de Centro, presidida por José Fernández, anunciaba a finales de julio que acudiría a la vía judicial después de haber intentado recuperar "de oficio" el inmueble de la Casa del Cura, algo que no fue posible "debido a la violenta oposición vecinal".
La Casa del Cura fue cedida hace más de dos años por el anterior Gobierno municipal en aplicación de las directrices recogidas en la ordenanza de Cooperación Público-Social. Las destinatarias fueron cerca de 40 entidades de Malasaña (Haciendo Barrio) con la idea de poner en marcha un proyecto común ciudadano tras presentarse a un concurso público para la gestión del edificio.
En junio de este año el actual Gobierno municipal decidió revocar el contrato "ante el incremento de solicitudes de ayudas durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19". Lo hacía con el fin de destinar la Casa del Cura a una nueva oficina de Servicios Sociales en el distrito Centro.
Fuentes municipales recordaban que cuando se firmó el convenio de cesión a la Asociación de Vecinos Malasaña, Universidad y Centro se estableció una cláusula que estipulaba que, en caso de necesidad para fines de interés público, la Junta Municipal de Centro recuperaría el inmueble para uso institucional.
Centro indicaba que inició el proceso formal de revocación de la cesión a finales de junio y, una vez rechazadas las alegaciones presentadas por parte de la asociación de vecinos, el 15 de julio se les informó de que disponían de diez días hábiles para su desalojo, plazo que se cumplió el pasado 29 de julio, cuando se trató de acceder al inmueble.
"La revocación de la cesión es firme siempre que no exista una decisión judicial que lo impida, por lo que a día de hoy la asociación de vecinos está ocupando un edificio sobre el que no tiene título alguno", insistían desde el Consistorio.
