MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ossorio, ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para que la Asamblea de Madrid manifieste su apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la okupación ilegal de viviendas, una normativa, a su juicio, "pionera a nivel nacional que ha promovido el PP por ser de interés general".
En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio cree que esta Ley es "necesaria" para "corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas, que en el caso de la Comunidad de Madrid ya afecta a 4.472 viviendas".
Según ha destacado el portavoz 'popular' en el Parlamento madrileño, la aprobación de esta medida supondría que "la Policía podría desalojar a los okupas en un plazo exprés de 24 horas, sin necesidad esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años".
Lo que se persigue esta norma es "combatir el alarmante y creciente problema de ocupación de viviendas, que no para de crecer y que genera alarma en la sociedad española, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad".
Solo en la Comunidad de Madrid, ha recordado Ossorio, en septiembre había casi 4.500 inmuebles okupados en la región, 498 más que hace un año, la mayoría de ellos en la capital, ante "la pasividad e incluso la permisividad de los mal llamados 'alcaldes del cambio'".
El Grupo Popular expone en su PNL que la Proposición de Ley estatal define "por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para acometer ese atentado contra la propiedad privada".
Asimismo, para Ossorio la nueva Ley agilizará "el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia, para lo cual se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado, y se amplía la reforma de los procesos civiles, aprobado en junio de 2018, para que las personas jurídicas propiedades de viviendas o poseedores legítimos también puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar sus casas".
La normativa que propone el PP también facultará a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas, para garantizar "la correcta convivencia vecinal; y la negativa a la inscripción en el padrón municipal cuando la persona sea una okupa ilegal, para lo cual se modifica la Ley de Bases de Régimen Local".
Por último, Ossorio ha destacado "las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva", que no afecta a los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, "ni tiene como objetivo regular los conocidos precarios".
Además, "deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado para la protección de las personas en situación de emergencia o especial vulnerabilidad habitacional, situación que ya se encuentra recogida en numerosas normas aprobadas por el PP".
