MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado en la Asamblea de Madrid su propuesta para la reforma de la Ley del Menor, que contempla medidas como el incremento de las penas a los menores que hayan cometido delitos graves, como asesinatos o violaciones, o que los menores internados en centros pasen a la cárcel una vez hayan cumplido los 18 años, entre otras cosas.
Se trata de una proposición no de Ley (PNL) que el portavoz del PP en el Parlamento regional, David Pérez, presentó ayer en el registro de la Asamblea y que plasma el trabajo de un grupo de expertos que reunieron los populares después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, avanzará que presentarían una propuesta de reforma de la ley Nacional.
En medio del debate sobre la situación de los menores infractores a la vista de que uno de los asesinos de Sandra Palo conocido como 'el Rafita' fuera detenido como presunto autor de varios delitos cuando estaba de libertad vigilada, el texto de los populares propone que la Comunidad pida al Ejecutivo central modificar la ley del Menor con un incremento de las penas de menores que hayan cometido delitos de "homicidio, asesinato, violación, agresiones sexuales y terrorismo y los que se refieren los artículos 138, 139, 179, 180 y 571- 580 del Código Penal".
Asimismo, reclama "ampliar los juicios rápidos al ámbito de la responsabilidad penal de los menores para los hechos flagrantes susceptibles de originar responsabilidad penal cometidos por menores".
Los populares quieren "el traslado automático de los centros de menores a centros penitenciarios de los jóvenes condenados por la comisión de los delitos señalados anteriormente, cuando cumplan los 18 años para el cumplimiento de la medida de internamiento conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria".
En este sentido, matizan que el traslado "sólo se excepcionará cuando el juez de Menores, en consideración a las circunstancias concurrentes y oído el Ministerio Fiscal, el letrado del internado, el equipo técnico y la entidad pública de protección de menores, acuerde mediante resolución judicial que el ingreso del joven en prisión pueda perjudicar su total reinserción".
"Desarrollar el contenido de las medidas orientadas al control y seguimiento de los jóvenes que deben finalizar su periodo de libertad vigilada, como medida complementaria a la de internamiento y cuya ejecución corresponde a Instituciones Penitenciarias" es otra de la medidas que contempla el escrito de los populares.
Desde el PP también quieren "incluir la previsión legal para que se practique anotación de antecedentes penales en el Registro Central de Penados y en el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores respecto de los menores que hayan cometido un delito de extrema gravedad a los que haya sido aplicada medida de internamiento en régimen cerrado, sin perjuicio de su cancelación con las garantías legales".
Los populares hacen constar en la PNL que quieren que el texto se incluya en los asuntos de tramitación urgente de la próxima mesa de la Asamblea, con lo que hace posible que el debate en pleno se produzca en escasas semanas.
Dentro de la exposición de motivos y en defensa de a reforma de la Ley del Menor, los populares destacan que el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pone "de manifiesto la necesidad de acometer ciertas reformas para adecuar la Ley a la nueva realidad social".
En este sentido, señalan que la comisión de determinados delitos de carácter muy grave en los que los protagonistas han sido menores de edad, así como la aparición de nuevas tipologías delictivas y la multirreincidencia de estos menores en muchos casos, "ha evidenciado la preocupación social ante la falta de contundencia en la respuesta jurídica que determinados delitos tienen".
El PP apunta a renglón seguido que el Gobierno central impuso una reforma de la Ley de responsabilidad penal de los menores "con un escaso consenso" y "sin escuchar a las comunidades autónomas encargadas de la ejecución de las medidas" y " sin realizar la evaluación que dicha Ley aconsejaba".
Por todo ello -- explica-- el Grupo Popular creó una comisión de expertos que "ha contribuido a dar respuesta a los fallos y carencias detectados en la actual legislación" y que se recogen en la propuesta.
