PP responde a CiU que "tachar de franquista la defensa de la Constitución es una tremenda imbecilidad"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, replicó hoy al diputado de CiU Carlos Campuzano que "es una tremenda imbecilidad considerar franquista la defensa de la Constitución que hace la Comunidad de Madrid", en relación al Decreto sobre política inmigratoria mediante el que el Gobierno central "ha perpetrado su penúltima agresión al Estado de las Autonomías para ganarse los apoyos nacionalistas".

El diputado madrileño respondía así después de que Campuzano afirmara que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, representa "una idea del Estado franquista que niega el derecho al autogobierno".

Pérez cuestionó esta afirmación y aseveró que "los límites del autogobierno los establece la Constitución", a la que dijo remitirse, y le recordó que "lo que es franquista es no respetar ni acatar la Constitución".

En este sentido, el parlamentario popular techó de "aberrante" la iniciativa, "sólo dictada por intereses partidistas, no por el interés general, gravemente dañado con esta decisión incomprensible e inconstitucional".

A juicio de Pérez, "Zapatero vende artículos de la Constitución a cambio de apoyos políticos". "Esta vez le ha tocado al artículo 149, que dice expresamente que le corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. ¿Qué parte de este artículo no ha entendido Campuzano?", se preguntó.

"No merece la pena rebatir tanta incongruencia, fruto del fanatismo, la ignorancia o la mala intención", apuntó Pérez, al tiempo que aprovechó para recomendar a Campuzano "que se lea la Constitución antes de ponerse en evidencia con semejantes afirmaciones".

Las palabras de Campuzano llegan después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la propia Ley, y en el que permite a las comunidades autónomas conceder permisos de trabajo a extranjeros, ya que considera que es "inconstitucional, vulnera la jerarquía legislativa y perjudica la eficacia de la Administración".