TORRES DE LA ALAMEDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior Alfredo Prada, firmó hoy con el alcalde de Torres de la Alameda, Carlos Sáez, un convenio para la puesta en marcha de una Oficina Judicial Local en el municipio que evitará a unos 6.000 vecinos tener que desplazarse hasta Arganda del Rey para resolver determinados trámites procesales.
Durante su intervención, el regidor pidió al consejero que se estudie "la posibilidad de incrementar la plantilla" de policía local en este pueblo, a pesar de que la localidad no llega al umbral mínimo de población de 20.000 habitantes que se exige para participar del proyecto BESCAM.
Prada se comprometió a estudiar el caso, y aprovechó la ocasión para reiterar públicamente su petición a la Delegación de Gobierno en Madrid de que se incremente el número de efectivos de policías nacionales y guardias civiles en la región.
También se hizo eco de la denuncia hecha por el sindicato de Policía Nacional en la que se asegura que, por traslados, Madrid perderá próximamente 340 agentes.
Tras el acto, el consejero de Justicia e Interior declaró a Europa Press que ante este hecho "hay que buscar fórmulas de colaboración para conseguir que los policías nacionales y guardias civiles que llegan a Madrid se arraiguen a Madrid". "Y esto pasa -agregó- por una propuesta que ha hecho al Gobierno central Esperanza Aguirre y es la creación de unidades adscritas".
"INTERIOR NO ESTÁ SIENDO CAPAZ"
Para Prada, "si tuviéramos estos 3.000 efectivos destinados a seguridad ciudadana adscritos a la Comunidad de Madrid, evidentemente haciendo las reformas legislativas que fueran precisas, pues esto permitiría que no tuviéramos este baile permanente de policías que llegan y policías que se van".
El responsable regional aseguró que "el Ministerio de Interior no tiene capacidad de incrementar las plantillas, no está siendo capaz, y, en consecuencia hay que tomar medidas, que como digo, pasan en primer lugar porque acepten nuestra colaboración; en segundo lugar, porque acepten nuestra propuesta de las unidades adscritas; y en tercero, el Gobierno Central tiene que buscar fórmulas para incentivar el arraigo de la policía nacional y la guardia civil en nuestra Comunidad".
Estas unidades adscritas que exige Prada al Ministerio de Interior "ya existen -advirtió- en comunidades como Andalucía y Valencia y en el último año este gobierno se las ha concedido a Asturias y Aragón". Por ello, dijo no entender "que no nos contesten para autorizarlas en nuestra región".