MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la asociación de afectados por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, Arancha Mejías, quiere que se resuelva la querella que interpuso contra Fidere por presunto delito de coacciones para intentar paralizar el desahucio que le ha sido comunicado este miércoles.
El pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid admitió a trámite la querella contra Fidere presentada por Arancha Mejías por presunto delito de coacciones y discriminación, que sigue en trámite. Este miércoles le ha sido comunicada la demanda de desahucio por parte del fondo de inversión.
Según ha explicado a Europa Press el abogado de Mejías, Mariano Benítez de Lugo, emplearán "la prejudicialidad penal". "Tanto el proceso civil como penal llevan su tiempo y trámites. Cuando hay un proceso penal que puede perjudicar al civil, tiene que suspenderse el proceso civil, y por tanto el intento de desahucio", ha explicado la defensa.
Así, ha manifestado que esta demanda de desahucio se trata de una "vendetta" del fondo de inversión por haber tomado Mejías una "parte activa en la impugnación de las ventas", ya que es la única vecina a la que se le ha "impedido" continuar en su piso.
"El resto de vecinos continuarán en sus pisos a través de nuevos contratos o prórroga de los mismos", ha explicado el letrado, quien ha reiterado que a Mejías "no le han dado la oportunidad de renovar el contrato".
El pasado 4 de octubre la familia Mejías recibió un burofax de Fidere en el que le anunciaba que, en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tenían un mes para abandonar su vivienda, en el PAU de Carabanchel, donde viven desde hace diez años. El motivo era la finalización del contrato de alquiler con derecho a compra que suscribieron con la EMVS hace una década.
La portavoz de la asociación de perjudicados ya calificó la decisión de Fidere de "venganza" por su posición crítica a la venta y aseguró que "en diez años" no ha dejado de pagar el alquiler --cifrado en 700 euros-- ni ha tenido ninguna queja por convivencia vecinal.
