"Privatización, infrafinanciación y sin diálogo": las quejas de sindicatos educativos sobre ley regional universidades

CC.OO., UGT, UCM por la Pública y CGT responden al anuncio de Ayuso sobre la nueva normativa que está en proceso de elaboración

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Varios sindicatos y organizaciones educativos han reiterado este lunes su rechazo a la nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), porque consideran que fomenta "la privatización de la educación, agrava la situación de infrafinanciación" y porque se está elaborando "sin diálogo".

Así se han pronunciado tanto los sindicatos CC.OO., UGT y CGT como la organización UCM por la Pública en declaraciones a Europa Press tras las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en un desayuno informativo en el que ha desgranado algunas de las cuestiones que se incluirán en la nueva ley regional, como el distrito único de prácticas, la financiación por objetivos (que ya se conocía mediante un borrador) o su apuesta por las Humanidades y por la lengua española.

Estas quejas se suman a las ya esgrimidas durante los últimos meses y materializadas en varias movilizaciones, como la manifestación del pasado 23 de febrero, los encierros en la Universidad Complutense de Madrid o la huelga universitaria del pasado 28 de abril, en la que también se iba a realizar una manifestación, pero que se tuvo que aplazar al 22 de mayo por el apagón que afectó a todo el país.

"PROCESO DE PRIVATIZACIÓN"

La privatización de la educación superior es una de las principales quejas de sindicatos y organizaciones. Así lo detalla el portavoz de CGT Álvaro Briales, para quien se está produciendo una "progresiva elitización, mercantilización y privatización de la universidad pública madrileña". "Van a tener que mercantilizar y especular con su patrimonio histórico para poder financiarse", ha criticado, en referencia al anuncio de Ayuso de este lunes.

En este sentido, el portavoz de universidades de CC.OO., Jesús Escribano, ha puesto el foco en la intención del Gobierno regional de establecer un distrito único de prácticas, lo que "facilita a los centros privados que sus estudiantes puedan hacer prácticas en centros públicos en igualdad de condiciones con las universidades públicas". "Es otro elemento más para consolidar la privatización y seguir facilitando a las universidades privadas su funcionamiento", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de universidades de UGT, Javier Becerra, ha incidido en que la Lesuc propone "un modelo que desdibuja lo público, potencia el papel del mercado y abre la puerta a nuevas formas de privatización y desigualdad educativa". "Favorece la entrada de lógicas de mercado y no impide la subordinación de lo académico a intereses privados", ha añadido.

Al respecto, la portavoz de UCM por la Pública Eva Aladro ha esgrimido que "la idea de convertir la universidad en una cartera de ventas o un agente inversor, como aparece en las formas de financiación, es de nuevo una privatización encubierta y supone convertir la universidad en un campo de cultivo para la especulación financiera".

"INFRAFINANCIACIÓN Y ASFIXIA ECONÓMICA"

El tema de la financiación se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales campos de batalla entre la comunidad universitaria y el Gobierno regional, tal y como han evidenciado los rectores con sus reiteradas quejas y los docentes y estudiantes con las movilizaciones.

En su discurso de este lunes, Ayuso ha confirmado el modelo de financiación, que ya se había conocido en los borradores de la ley y que se divide en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Así, el Gobierno regional cubrirá hasta un 70% de la financiación, mientras que el resto lo tendrán que obtener de fuentes privadas.

El portavoz de la CGT habla pues de "asfixia económica, ya que impone a las universidades un recorte del 30% de su financiación". "¿Alguien se imagina que a la Sanidad Pública se le impusiera que va a tener que buscar en el mercado nada menos que un 30% de sus ingresos?", ha lanzado.

"La Comunidad de Madrid infrafinancia a sus universidades públicas y lo lleva haciendo muchos años. Se han perdido más de 1.200 millones de euros, desde el 2011 hasta hoy, que se deberían haber incorporado a los Presupuestos de las universidades públicas y no se ha hecho", ha ampliado Escribano, de CC.OO, y Becerra, de UGT, ha añadido que "se legitimará la infrafinanciación que vienen soportando desde hace más de 15 años y que ha dado como resultado su derrumbe".

También la portavoz de UCM por la Pública se ha expresado en términos similares y ha argüido que "esta ley abre la puerta al desmantelamiento de la universidad por pérdida de financiación, por introducción de intereses privados y por explosión de lo que sería todo el sistema de enseñanza no lucrativa". "Convertir la universidad en un agente de inversión, en una cartera de venta y compra de valores o en un especulador inmobiliario es destruir la misión de la universidad", ha desmenuzado.

"FALTA DE DIÁLOGO"

Una tercera queja en la que han coincidido las mencionadas entidades este lunes es en el diálogo con la comunidad educativa. Las negociaciones, de momento, se han centrado entre los seis rectores de la universidad pública y la Consejería de Universidades, por lo que desde CC.OO. han protestado.

"La presidenta dice que esta ley se está hablando con 'todo el mundo', lo cual es claramente falso. A los sindicatos se nos reunió una vez el año pasado; yo creo que una reunión en dos años no parece que sea un proceso de diálogo muy profundo", ha rebatido Escribano.

Briales, de la CGT, ha valorado que la ley se está elaborando "con total opacidad y sin posibilidad de participación por parte de la comunidad universitaria". "Desde el Gobierno regional sigue sin publicarse ningún texto ni borrador oficial de la ley y solo contamos con un borrador parcial e incompleto", ha subrayado.

Finalmente, desde UGT han exigido que se apueste por una universidad pública con "participación real de la comunidad universitaria en su gobierno y planificación".