El PSOE amenaza con llevar a la Justicia a las residencias concertadas que dispensen "un trato degradante" a sus mayores

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, amenazó hoy con llevar ante la Administración de Justicia a las empresas que gestionan las residencias concertadas de mayores de la Comunidad de Madrid tras constatar que al menos diez de las 17 que actualmente cuentan con una concesión pública en la región dispensan a sus internos "un trato que, más que deficiente, es indigno y degradante".

Simancas anunció "un cambio de actitud" de su grupo con respecto a este asunto y aseguró que no se limitará a "denunciar situaciones degradantes ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales". "Cada vez que encontremos una situación de estas características, vamos a acudir directamente a la Administración de Justicia", señaló el portavoz socialista, quien aseguró que el departamento dirigido por Beatriz Elorriaga "no responde, se fía de las empresas y no les somete al régimen de inspecciones y sanciones correspondiente".

El dirigente socialista, que realizó estas manifestaciones tras escuchar las quejas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Residencias Asistidas de la Comunidad de Madrid (Aferacam), aseguró que las 11.000 plazas residenciales de la región en las que participa de algún modo la iniciativa privada "funcionan sin suficientes garantías de calidad y en algunos casos ofrecen un trato indigno". De ellas, 5.769 son fruto de conciertos de la Administración autonómica con entidades privadas, 2.318 tienen gestión indirecta, 2.160 corresponden al Plan de Velocidad y 740 están concertadas con los ayuntamientos.

"LAS EMPRESAS HACEN DINERO Y LA COMUNIDAD SE LO AHORRA"

Tras acusar a las empresas de "querer hacer dinero sin asegurar un trato de calidad" a los ancianos y a la Comunidad de Madrid de "privatizar estos servicios para ahorrase dinero y no llevar a cabo los controles de inspección oportunos", Simancas explicó que las mayores "deficiencias" se producen en las 17 residencias que cuentan con un sistema de gestión indirecta y que, según dijo, están siendo explotadas por "grandes conglomerados empresariales en los que participan constructoras y cajas de ahorro".

En estos centros, entre los que citó los de El Encinar, Sear, Parque Coimbra, Los Frailes, Plata y Castañar, Peñuelas o Mirasierra, aseguró que el Grupo Socialista en la Asamblea ha encontrado "un panorama lamentable", al constatar que "se están vulnerando derechos fundamentales de las personas mayores fruto del tratamiento deficiente que reciben los ancianos".

"Las medicinas no se dan conforme a las prescripciones médicas, se producen muchos errores por la mala coordinación y la escasa experiencia del personal, se han producido situaciones incluso de higiene insuficiente porque se baña a los ancianos una vez a la semana y no se les cambia como se debiera, se han producido incluso situaciones de maltrato, las grúas o sillas de ducha son insuficientes, los medios materiales son poco operativos y están permanente averiados", enumeró.

Del mismo modo, indicó que el número de trabajadores en estos centros es "manifiestamente insuficiente", ya que durante las noches apenas trabaja un auxiliar por cada 100 ó 150 enfermos; aseguró que la continua "rotación en los puestos" provoca que el personal "no conozca suficientemente a los pacientes, que se ven obligados a llevar un cartelito en el pecho", y agregó que las bajas que se producen en las plantillas "no se cubren".

NI UNA SANCIÓN EN OCHO AÑOS

A pesar de esta situación, que "se produce cada día", Simancas dijo estar esperando "la primera sanción a una empresa por el incumplimiento del pliego de condiciones" que regula las adjudicaciones a la iniciativa privada, ya que, según dijo, "en ocho años no se ha producido ninguna".

Por eso, reclamó "un endurecimiento" de estos pliegos; la realización de una auditoría externa sobre la situación en las residencias madrileñas; un refuerzo de la plantilla de inspectores, que se limita a nueve profesionales; y "una apuesta por la creación de plazas de gestión directa pública".

En una línea similar se expresó el presidente de Aferacam, Pío Maceda, quien se mostró convencido de que estas situaciones se producen porque "las empresas no temen sanciones efectivas de la Administración". "Muchos ancianos, como los que sufren Alzheimer, no tiene voz, pero tienen derechos y merecen un trato digno", apuntó.