MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid criticó hoy que la Mancomunidad de Residuos del Este, que preside el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, (PP) y que gestiona desde el 1 de enero de 2009 las instalaciones de tratamiento de residuos propiedad de la Comunidad de Madrid, "pretende cobrar a los ayuntamientos un 70 por ciento más de lo que Gobierno regional aplicó en 2008 por gestionar sus residuos, sin ofrecer ningún servicio nuevo que lo justifique".
"Todos los municipios de la zona este de la Comunidad se verán afectados por esta subida desorbitada sean o no miembros de la Mancomunidad. Hablamos de una población estimada de más de medio millón de madrileños", aseguró el portavoz de Medio Ambiente del PSOE en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo.
El diputado explicó que en 2008, la Comunidad de Madrid cobró por la tasa por vertido 11,60 euros por tonelada y dijo que ahora, la Mancomunidad ha decidido elevar su coste hasta los 20 euros, "sin que se vaya a prestar ningún servicio añadido o que mejore la recogida y gestión de las basuras". "Ante esta situación hemos pedido la comparecencia del responsable de la Mancomunidad en la Asamblea de Madrid, para que nos explique qué motivos tiene para castigar de este modo a los ciudadanos del este de la región", indicó y dijo que mientras se produce la comparecencia, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "debería expresar qué opina al respecto".
Los responsables del PSOE en los municipios de Coslada, Torrejón, San Fernando, Paracuellos, Arganda, Velilla, Mejorada y Alcalá de Henares manifestaron "la contradicción existente entre las actuaciones de la Mancomunidad y su presidente y la postura de la Comunidad de Madrid", ya que, según explicaron, el director general de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid anunció en noviembre una moratoria de dos años para la entrada en funcionamiento de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, "un plan que ha sido rechazado por el Partido Socialista de Madrid y fuertemente contestado incluso por el Partido Popular, ya que pretende endosar la responsabilidad de la gestión de los residuos urbanos a los ayuntamientos sin ningún tipo de negociación o contrapartida".
Además, consideraron que todas las gestiones realizadas por la Mancomunidad del Este "están teñidas de la misma improvisación, falta de transparencia y fundamentos jurídicos que la llevaron a adjudicar un contrato para la instalación de un centro de tratamiento en Alcalá, que posteriormente se quiso llevar al municipio de Corpa y que a día de hoy se encuentra en el limbo en que duermen todas las acciones de este organismo".
Por esta razón, los servicios jurídicos de los ayuntamientos gobernados por el PSM están estudiando las posibles infracciones que se hayan podido cometer en la presunta cesión por la Comunidad de Madrid, de instalaciones financiadas con fondos europeos e incluso el posible derecho de reversión que algunos ayuntamientos puedan tener sobre las mismas.
Los socialistas acordaron no aceptar las condiciones impuestas a la espera de que desde la Comunidad de Madrid se aclaren cuáles son las condiciones reales y legales en las que se encuentran las infraestructuras de tratamiento y vertido de la zona. Asimismo, llamaron a la reflexión del presidente de la Mancomunidad del Este para paralizar cualquier actuación unilateral alejada de los posibles acuerdos regionales en torno a la Estrategia de Residuos.
