MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en al Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, afirmó hoy que con la firma del nuevo sistema de financiación autonómica por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre, éste "ha aceptado la cancelación de cualquier deuda con la Administración central".
Los socialistas señalaron en un comunicado que esta medida "se recoge en la Disposición Adicional sexta del acuerdo, que establece esta cancelación una vez aceptados los recursos adicionales por parte del Estado en virtud del principio de lealtad institucional".
"Estos recursos adicionales suponen un ingreso para la Comunidad de Madrid de 1.500 millones de euros en el primer año y de 1.700 millones una vez que el sistema funcione plenamente", indicó Franco, que criticó la "falta de seriedad y de lealtad del Gobierno de Esperanza Aguirre, que denuncia un acuerdo que ellos mismos han firmado y aceptado".
Así, el diputado indicó que la deuda histórica "queda cancelada según el acuerdo que ha firmado el Gobierno regional al aceptar los 1.500 millones de euros de recursos adicionales que le proporcionará el Gobierno de España".
"Al firmar la aceptación del nuevo sistema de financiación, Aguirre ha firmado que con los recursos adicionales que recibe del Estado se cancela cualquier deuda que hubiese. No hay deuda y así lo han reconocido", aseveró el parlamentario socialista, que apuntó que el nuevo sistema de financiación autonómica "prevé para la Comunidad de Madrid un total de 1.500 millones de euros en el primer año y otros 1.700 millones una vez que el sistema funcione plenamente".
A juicio de Franco, esto "supone una inyección extremadamente importante de nuevos recursos que deben destinarse a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales".
Por otro lado, el portavoz señaló que el anterior sistema de financiación autonómica "no tenía en cuenta los cambios de población, ya que dichos cambios se recogían en dos artículos de imposible aplicación".
En este sentido, Franco afirmó que "en el artículo 4 las cantidades que percibía cada comunidad autónoma se calculaban en función de las competencias comunes" y que "el problema radicaba en que su aplicación dependía de la unanimidad de las autonomías, lo que significaba que comunidades que perdían población tenían que aceptar perder recursos". "Como nada les obligaba a aceptarlo, no era posible el acuerdo y por tanto no se aplicó jamás", añadió.
Asimismo, dijo que "otro artículo regulaba las asignaciones de nivelación, es decir, recursos del Estado solamente para aquellas comunidades que aumentasen su población tres puntos porcentuales por encima de la media nacional".
"Esto era imposible de aplicar, a no ser que una región hubiese sufrido un crecimiento histórico, ya que se debía sumar al porcentaje que subía la población en el Estado", consideró y apuntó que "por ejemplo, si la media de la población nacional subía un 2 por ciento, la comunidad beneficiada tenía que subir un 5 por ciento y eso jamás ha ocurrido".
Así, señaló que "lo que persigue Esperanza Aguirre con su reclamación al Estado no es otra cosa que tratar de desviar la atención de sus errores de gestión, que y seguir con su política de confrontación con el Gobierno de España pase lo que pase. Aguirre es el ejemplo de la falta de lealtad institucional: firma el nuevo sistema de financiación, coge el dinero y corre", concluyó Franco.
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