PSOE plantea una Ley de Transparencia para controlar a las entidades con subvenciones

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley en materia de transparencia, que persigue ser alternativa al texto presetado por el Gobierno de Cristina Cifuentes, y que tiene como objetivo que se den a conocer las actividades desarrolladas tanto por las instituciones y organismos públicos como por partidos políticos, organizaciones sindicales y entidades privadas que reciban una subvención de la Comunidad que supere los 60.000 euros.

"Hemos presentado una Proposicion de Ley con la idea de trabajar en la transparencia, la participación y en todas las políticas que tienen que ver con la regeneracion democratica", ha enunciado el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y encargado de registrarla, Ángel Gabilondo.

Para el diputado socialista, con esta propuesta, adelantada por el diario 'El País' y la 'Cadena Ser', busca conocer la gestión, no solo de la Administración Pública, sino de "entidades de influencia", que en muchos casos se desconoce "su nivel de responsabilidad y contribución".

Según recoge el texto de los socialistas, la información que se les pediría a todas las entidades citadas sería prácticamente de todos los ámbitos como, por ejemplo, las retribuciones que percibe, la organización y planificación de sus convenios y contratos o de su patrimonio.

Los datos requeridos a las entidades serían recogidos en un 'Registro de solicitudes de acceso'; mientras que los que tengan que ver con la propia Comunidad estarían en un 'Registro de la Transparencia' en el que las personas que trabajan por cuenta propia y las organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la región deberán estar inscritas.

Sería, finalmente, un 'Registro de Participación y Colaboración Ciudadana' donde los madrileños interesados se incribirían y recibirían información sobre las materias específicas de la cuestión que deseen.

En el caso de las infracciones, pudiendo ser estas muy graves, graves o leves, podrían quedarse en una amonestación o en multas que podrían llegar hasta los 300.000 euros. Estas infracciones tendrían como órgano de control a un nuevo 'Comisionado de Transparencia y Acceso a la información pública' que velaría por que se cumpliesen los requerimientos.

Esta Ley se enmarca, según Gabilondo, en la idea de ser el punto de partida para "abrir un debate dentro de la Asamblea para procurar que la regeneración democrática sea efectiva". "Queremos trabajar en la transparencia y participación, nos preocupa que todo lo llenemos de planes, de mesas o de anuncios", ha criticado.