Las quejas ante el Defensor del Pueblo crecieron un 21,6% en 2014 hasta alcanzar las 7.227

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo recibió durante el año pasado un total de 7.227 quejas en la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento del 21,6 por ciento con respecto al año anterior, dado que en 2013 las reclamaciones ante esta institución alcanzaron la cifra de 5.942.

La región vuelve a ser la autonomía con mayor volumen de quejas registradas ante la institución que dirige Soledad Becerril, seguida muy de lejos por la Comunidad Valenciana que acumula 3.690.

Así, a nivel nacional, la Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió 23.186 quejas ciudadanas, en línea con lo registrado el año anterior. Además, ha incrementado sus actuaciones de oficio un 41 por ciento el año pasado, cuando inició 489 expedientes.

Así lo recoge el informe anual de la institución que Becerril ha presentado este miércoles al Congreso y al Senado y del que se desprende que las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 tuvieron que ver con asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.

En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 escritos de solicitudes de recurso deinconstitucionalidad. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales.

El informe detalla que parte de las comunicaciones iban suscritas por un grupo de ciudadanos, de forma que el total que acudió el año pasado al Defensor del Pueblo asciende a 69.916. Otros 20.088 fueron atendidos personalmente, 3.426 de forma presencial y 16.662 por teléfono.

FUNCIÓN PÚBLICA, ECONOMÍA, EDUCACIÓN

Por sectores, el número mayor de quejas 4.604, versaban sobre Función y empleo públicos, seguido por actividad económica (1.889), Urbanismo (1.600), Educación (1.403), política social (1.347), Administración de justicia (1.283), hacienda pública (1.261) y seguridad social (1.198). El 65,82 por ciento de los expedientes habían concluído al cierre del año.

Según el balance estadístico de la institución, su primera respuesta tardó de media en llegar al ciudadano 36,42 días, mientras que la resolución definitiva se demoró de media 57,36. La administración que más tardó en responder al requerimiento del Defensor del Pueblo fue la Fiscalía, con una media de 102 días, seguida de la Administración Local, que tarda unos 95 y la autonómica, en torno a 89 días. El Estado tardó de media 70 días en contestar.

Consecuencia de estas quejas, el Defensor del Pueblo formuló ante las distintas Administraciones 467 recomendaciones y 604 sugerencias de las que siete de cada diez fueron admitidas. En concreto, 217 recomendaciones se admitieron, 84 se rechazaron y 166 están pendientes de respuesta. De las sugerencias, la admisión fue de 234, frente a 103 rechazadas y 267 aún pendientes.

SUGERENCIAS DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

En su informe, el Defensor del Pueblo ha apoyado la aplicación de una bajada del IVA a productos energéticos como la electricidad o el gas con el objetivo de combatir el fenómeno de la pobreza energética, al tiempo que se muestra partidario de revisar los criterios para disfrutar del bono social, ya que en la actualidad se dan situaciones "discriminatorias".

Además, la oficina de Becerril ha destacado el "claro malestar" que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos, al tiempo que señala que esta medida ha tenido "una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad" de los tribunales.

Finalmente, dicho organismo considera que, ahora que se ha superado la fase más aguda de la crisis económica, esto "debería reflejarse en el empleo público", ya que, no sólo tiene importantes repercusiones en el ámbito económico y social, sino "también en la calidad y suficiencia de los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos".