MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La plataforma ciudadana RMI Tu derecho ha presentado este miércoles un balance sobre el Informe de la Renta Mínima de Inserción en 2018 en el que han concluido que la Comunidad de Madrid ha fracasado en el ejercicio de este derecho a causa de un supuesto "desmantelamiento" del mismo.
El informe fue publicado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad el pasado mes de septiembre y, según la plataforma, "dificulta la comprensión de la renta mínima" y "oculta información" relativa a las "suspensiones cautelares" que "se han duplicado en el último año".
En base a este documento, han denunciado que la cobertura de este derecho "ha empeorado" en el último año y que "solo alcanza al 20 por ciento de la población en situación de exclusión severa".
En esta línea, RMI ha señalado que la estrategia de la Comunidad está tratando de "vaciar de personas estas prestaciones para desmantelar" este derecho social que se ampara en los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Carta Social Europea que, a su vez, quedan recogidos en la Constitución. Así, han deslizado que, después de dieciocho años, solamente "una de cada cinco personas" percibe la renta mínima.
Por otra parte, han denunciado que, mientras el umbral de pobreza no ha mejorado, la Comunidad "por primera vez en diez años no ha gastado los dieciséis millones de euros del presupuesto", una cantidad que ha disminuido un nueve por ciento respecto a 2017.
"ENTRAMADO BUROCRÁTICO"
Asimismo, la entidad ha manifestado que la Consejería "ha creado un entramado" que afecta tanto al proceso de concesión de la renta como a su mantenimiento. En este sentido, ha desgranado que los solicitantes encuentran trabas en "el proceso de solicitud", "extinciones" y "suspensiones".
Aseguran que mientras que en 2016, dos de cada cuatro solicitudes fueron admitidas, en 2018 solo se concedió una de cada cuatro peticiones, pero la situación se ha agravado durante el último trimestre rebajándose a una de cada seis.
Por extensión, la plataforma ha mencionado que ha aumentado el número de casos "archivados" y que, en el 95 por ciento de estos, la Comunidad alega que "la documentación requerida no fue presentada en plazo".
Sobre las extinciones, RMI ha indicado que se han duplicado en dos años, pasando de 2.708 en 2016 a 5.767 en 2018. En este punto, han destacado problemas a la hora de la "notificación" y un aumento del "laberinto burocrático de requerimientos".
En el caso de las suspensiones, que también han sido duplicadas en los últimos dos años, la agrupación ha puntualizado que, si estas son reconsideradas por la Comunidad, las familias no perciben el reintegro de las cuantías correspondientes a los meses de suspensión, a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo.
Por último, una integrante de la plataforma Hontanares Arranz ha apuntado que se muestran "esperanzados" con el cambio de Gobierno en la región y que los nuevos responsables de la renta mínima ya se han puesto en contacto con ellos.
