MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ha sido llamado a comparecer sobre la gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) en la próxima sesión de la comisión de investigación de la Asamblea.
Junto al exconsejero del Gobierno madrileño también han sido llamados a comparecer el empresario Alejandro de Pedro, el exconsejero delegado de la empresa pública Cándido Cerón, y la exdirectora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego.
Así lo han acordado todos los grupos en la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión celebrada este miércoles, con objeto de fijar el orden del día de las comparecencias para la sesión que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre.
De esta forma, se espera que Alejandro de Pedro atienda al requerimiento que ya se le hizo para la sesión del pasado martes pero que no se tramitó en tiempo y forma, por lo que su comparecencia fue aplazada por la propia comisión, al tiempo que se inician las comparecencias de carácter político en cuanto a la gestión de ICM, investigada en la Operación Púnica.
Tanto De Pedro como Victoria y Gallego están imputados en la Operación Púnica en relación con los supuestos contratos irregulares para que la empresa de De Pedro desarrollara campañas de reputación on line a favor de altos cargos de la Comunidad, mientras Cerón está imputado por el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de Cerón para que explique su gestión durante los dos años que estuvo al frente de ICM entre 2006 y 2008, al entender que existen contratos "dudosos" con la empresa Avanzit, ya que éste tenía relación con dicha empresa o alguna de sus filiales, ha explicado la portavoz socialista en la comisión, Encarnación Moya.
Los socialistas creen que ICM adjudicó al menos dos contratos a esta empresa cuando Cerón era el responsable, uno por 1,2 millones de euros relacionado con un programa denominado 'Ilustra Madrid' y otro por 2,5 millones de euros para Campus de la Justicia, aunque no descarta que haya alguno más.
Para la portavoz socialista, la comisión de investigación no debería poner fin a las sesiones sobre ICM el próximo viernes, ya que no ha sido hasta este lunes cuando el Gobierno ha remitido la información solicitada por la comisión, y "en aras del rigor y la seriedad hay que ver esa documentación sin dar cierre al tema".
A este respecto, ha comentado que el Gobierno ha hecho "un poco de trampa" porque ha esperado al último día para comunicar que no remitía los contratos de ICM junto al resto de la documentación, sino que los grupos tendrán que desplazarse al sitio que considere oportuno para examinarlos, lo que Moya ha calificado de "obstruccionismo".
Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha afirmado que el Gobierno regional "está cumpliendo escrupulosamente los plazos en la remisión de documentación a esta comisión" y se ha referido a "otros ejemplos en otras comunidades autónomas en los que, por desgracia, no está pasando lo mismo".
"Tenemos constancia de que los grupos de la oposición en Andalucía se están quejando de que la Junta lleva 50 días de retraso en la remisión de documentación y aquí el Gobierno lo que está haciendo es facilitando toda aquella documentación que ha pedido la comisión y aquella que por volumen es imposible que vayamos a donde corresponda para poder consultar todos los expedientes", ha explicado.
El portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha manifestado que su grupo quería que en este punto de la comisión compareciera la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, pero el resto de los grupos se han opuesto.
"Nosotros seguimos pensando que es la máxima responsable y vamos a seguir trabajando para que pueda venir", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el caso ICM se remonta en el tiempo al Gobierno de Aguirre.
Desde Ciudadanos, César Zafra ha destacado la necesidad de arrojar "nueva luz" sobre los contratos de ICM, ya que, a su juicio, en la última sesión se puso de manifiesto que "había una falta de rigor, sobre todo a la hora de adjudicarlos y de definir las necesidades de ICM y de definir las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".
"Entendemos que ahora los cargos políticos tienen que explicarnos todas las responsabilidades que han tenido", ha manifestado Zafra, quien ha señalado que los anteriores comparecientes "dejaban caer que ellos simplemente hacían el trabajado que les mandaban los cargos políticos".
