SAN MARTÍN DE LA VEGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha obligado a paralizar las labores extractivas a una gravera que desarrollaba su actividad con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa en una parcela del Parque Regional del Sureste.
Agentes forestales, ambientales y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) precintaron hoy los accesos a esta explotación, que tiene una superficie de ocho hectáreas y se ubica en el término municipal de San Martín de la Vega.
El cierre es una medida cautelar que se suma a la apertura, el pasado diciembre, de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental, informó hoy la Comunidad de Madrid.
Aparte de desarrollar la actividad extractora con una DIA negativa, la empresa sancionada actuaba por debajo del acuífero, circunstancia que no se permite en ningún caso en una extracción minera.
La infracción por la que se ha abierto el expediente está considerada como muy grave según la Ley 2/2002 de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid y le corresponde una multa que puede oscilar entre 240.406 y 2.404.050 euros, en función de los daños causados por la realización de las actividades mineras. La gravera tiene además la obligación de restaurar los terrenos para minimizar o resolver los efectos de las extracciones.
SEGUNDA CLAUSURA EN DOS SEMANAS
Esta es la segunda gravera que el Ejecutivo autonómico clausura en dos semanas. Concretamente, el pasado 22 de febrero agentes ambientales de la Comunidad de Madrid y del SEPRONA procedieron a la ejecución forzosa de las medidas de suspensión de las labores de extracción de una gravera en Villa del Prado que carecía de la correspondiente DIA.
En ese caso, la explotación se extendía sobre 13.000 metros cuadrados en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) de los ríos Alberche y Cofio, con vegetación de encina, cornicabra y retama. Se calcula que el volumen de la extracción supera los 26.000 metros cuadrados.
La infracción impuesta a la empresa responsable de la actividad tiene una sanción de 90.000 euros, la suspensión inmediata de las extracciones y la obligación de restaurar la zona afectada.
En todo caso, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se advirtió que los comportamientos sancionables a este respecto son minoritarios en la región, ya que la mayoría de los empresarios de la minería cumplen con las normativas ambientales vigentes.
