Las organizaciones profesionales calculan que su aplicación eliminaría el 50% del parque de vehículos
MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El sector del taxi no descarta convocar una huelga tras el verano si el Ayuntamiento de Madrid no modifica el borrador de Ordenanza Municipal, a la luz de que su aplicación directa supondría, entre otras cosas, la eliminación del 50 por ciento del parque de vehículos actual, al limitar su antigüedad a seis años, informó el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Mariano Sánchez, a Europa Press.
"No descartamos ninguna actuación de cara que se tenga en cuenta las peticiones del colectivo", ha planteado Sánchez, que explicó que entre su organización y la Gremial del Taxi, cunde el malestar después de mantener diversas reuniones con el Ayuntamiento en las que no se han podido introducir las enmiendas del sector. "No entendemos por qué no podemos poner publicidad en los taxis en este momento económico tan crítico, ni por qué se limita la duración de los vehículos a 6 años, cuando desde hace 30 la vigencia era de 10-11 años, y sin pensar en un periodo de transición", lamentó.
"De aplicarse como está la Ordenanza, el 50 por ciento del parque automovilístico habría que eliminarlo", aseveró el presidente de la Federación.
Asimismo, mostró su desacuerdo respecto a que se imponga a los taxis la obligación de incorporar un lector de tarjetas de crédito sin intención de contribuir a los costes de la instalación de estos sistemas, cuando otros ayuntamientos cuentan con subvenciones consensuadas con las organizaciones del sector para minimizar el impacto económico.
La ordenanza, aún un borrador, debe todavía pasar por el Pleno del Ayuntamiento, y por el visto bueno de la Comunidad de Madrid y puesto que el sector está "en desacuerdo total con el contenido de la ordenanza", los taxistas no descartan movilizaciones si no consiguen una mesa de negociación con el concejal o el alcalde.
Por otra parte, también reclaman una modulación del régimen sancionador previsto en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del Estado, que contempla multas de entre 1.000 y 1500 euros, ya que se trata de un servicio público.
Sánchez echó en falta además en el borrador un sistema de ayudas que facilite la introducción de vehículos adecuados a personas con movilidad reducida, pese a que la Comisión Europea prevé que un 5% del parque se adecue a estas circunstancias. "No entendemos por qué el Ayuntamiento no se toma más en serio estas necesidades", añadió.
