MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista en Madrid ha presentado un recurso ante el Contencioso-Administrativo en el que solicita que se anule la concesión del contrato de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) al considerar que existen numerosas irregularidades en el mismo y al no fiarse de que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, investigue "seriamente y en profundidad" el asunto.
Así lo anunció hoy la portavoz del PSOE, Trinidad Jiménez, quien señaló que su formación política se vio obligada a acudir a los tribunales el pasado viernes ante la seguridad de que el regidor no permitirá ni aceptará la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de los nuevos parquímetros.
Según Jiménez, "cualquier contrato con dinero público que ocasione la más mínima duda, como es este caso, ha de ser seriamente revisado y supervisado", porque, a su juicio, "no se puede jugar con el dinero de los ciudadanos". "Ha de ser así por razones éticas, políticas, legales y morales", precisó.
En este sentido, acusó al PP de "haber perdido el norte" a la hora de hacer política y remitir el caso a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, "donde sólo pueden comparecer concejales, cargos públicos y funcionarios, y quedan fuera empresas y personas directamente implicadas".
Además, confió en que la Justicia, a pesar de que por norma general suele ser lenta, dé prioridad al asunto por los "graves daños" que la situación está causando actualmente. "Cuanto más se alargue y más tiempo pase sin resolverse este conflicto los daños serán mayores y más difícilmente reparables", sentenció.
PRESIÓN FISCAL AL AUTOMÓVIL
Jiménez denunció también el incremento "absolutamente desproporcionado" de los diferentes impuestos relacionados con el automóvil desde la llegada de Ruiz-Gallardón a la Alcaldía y lo argumentó indicando que desde 2003 a 2006 cobra a los madrileños que tienen coche un total de 250,21 millones de euros más, lo que significa un 133,71 por ciento.
Entre las subidas más destacadas, subrayó el 635,6 por ciento de los ingresos por los parquímetros (76,4 millones de euros), el 411,26 por ciento en las multas de circulación (93,89 millones de euros), el 275,94 por ciento por los vados (27,29 millones de euros), el 146,9 por ciento el servicio de grúa (9,71 millones de euros) y el 31,6 por ciento por el impuesto de vehículos (42,92 millones de euros).
TARJETA NARANJA, "MÁS PAPEL MOJADO"
Por otro lado, el concejal socialista y responsable en materia de Movilidad, Manuel García-Hierro, calificó de "convenio sobre papel mojado" el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y CEIM para la creación de una tarjeta naranja que permitirá a los profesionales aparcar en las zonas azules durante un máximo de cinco horas, previo pago de 350 euros por vehículo al año.
En su opinión, Ruiz-Gallardón "vuelve una vez más a vender humo" al prometer una cosa que hoy por hoy no se puede llevar a cabo ya que requiere la modificación de las ordenanzas de Movilidad, la cual sólo distingue entre residentes y no residentes, y Fiscal, para las nuevas tasas, "por lo que la iniciativa no se podrá desarrollar hasta dentro de cinco o seis meses", dijo.
Asimismo, García-Hiero recordó que en la ciudad, tras la nueva ampliación del SER, hay 40.000 plazas azules mientras que el colectivo que afecta al acuerdo firmado ayer incluye unos 125.000 vehículos. "Si se aplica este plan se cometería una ilegalidad al cobrar tres veces por la misma plaza, y sólo para este sector, sin contar la falta de aparcamiento para el resto de personas que no sean residentes y carezcan de este dispositivo", puntualizó.
Finalmente, advirtió a Ruiz-Gallardón que "no confunda sus deseos con la realidad y que no sueñe despierto porque el asunto no está cerrado, todo lo contrario, acaba de empezar", y refiriéndose a un dicho popular, ofreció al regidor elegir entre "sopa ó teta, porque las dos cosas en la boca no entran a la vez", concluyó.
Por todo ello, el PSOE exigirá en el Pleno del próximo martes la suspensión de la aplicación del SER en tanto que no se concluya un estudio que defina en qué zonas interiores a la M-30 es realmente necesario este servicio, así como la creación de una comisión de investigación. También pedirá la dimisión del coordinador general de Infraestructuras del Ayuntamiento, Manuel Melis.