MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa de Leganés informó del cese, a primera hora de hoy, del jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación, Joaquín Insausti, uno de los facultativos que defendió desde el principio al coordinador de Urgencias Luis Montes, relevado por la Consejería de Sanidad y Consumo a raíz de la aparición, en marzo de 2005, de una denuncia anónima sobre presuntas sedaciones irregulares.
La destitución de Insausti, con "una larga trayectoria profesional" en el centro, se suma a las de los jefes de Servicio de Pediatría y Urología, Ángel Arregui y Fernando Gimeno, respectivamente, ocurridas ayer. El primero llevaba 17 años en el cargo y el segundo, desde la apertura del hospital en 1987 hasta ayer, con un paréntesis desde el 2000 al 2003 en que fue director médico del centro.
Cabe recordar que en las dos últimas semanas también fueron cesados los facultativos Frutos del Nogal, que era jefe de Sección de UCI, y Antonio Hernández Lezana, hasta entonces jefe de Servicio de Radiología.
Ante estas medidas, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano, exigió a la Consejería de Sanidad y Consumo que "explique a la población madrileña por qué son cesadas estas personas y a la población de Leganés, por qué padece las consecuencias de las represalias del consejero (Manuel Lamela) contra los trabajadores del Severo Ochoa".
"NO SON HECHOS AISLADOS"
En este punto, advirtió que los ceses antes mencionados "no son hechos aislados". "Destituyeron al doctor Montes como responsable del Servicio de Urgencias, cesaron al gerente y al director médico, crearon una nueva figura en la estructura del hospital para quitar la responsabilidad de la UCI al doctor Frutos, y abrieron expediente administrativo contra 5 médicos de urgencias generales", recordó Serrano.
Otras actuaciones emprendidas por el departamento que dirige Lamela y citadas por la presidenta de la Junta de Personal son el cese de tres supervisores de enfermería (UCI, Reanimación y Diálisis), la no renovación de 14 médicos que trabajaban en el Servicio de Urgencias y la amonestación a 8 trabajadores.
Serrano también explicó que en julio de 2005 "se instaló un circuito cerrado de televisión para vigilar a los trabajadores, se cerró el pasillo de dirección bajo llave, y el salón de actos del hospital permanece cerrado desde hace más de un año para impedir la realización de asambleas, imposibilitando además su uso para la realización de las sesiones médicas que se hacían diariamente y, sobre todo, para la docencia de los residentes del hospital, mermando así la calidad de su formación". Igualmente, aseguró que "se restringe y fiscaliza el acceso a aulas y salas de reuniones, se persigue laboralmente a trabajadores y trabajadoras".
"CONTÍNUO ESTADO POLICIAL"
Serrano dijo "asistir atónita" a "cómo cargos técnicos son cesados por motivos políticos, con independencia de la buena trayectoria profesional de los afectados ni la vinculación con la población a la que atienden ni las consecuencias que tiene sobre ellas". "Nos escandalizamos ante el continuo y constante estado policial que padecemos los trabajadores y trabajadoras del hospital, con independencia de la categoría que tengamos o la responsabilidad que ejerzamos", agregó.
La presidenta de la Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa acusó a Lamela de "convertir en delito castigable" el derecho constitucional de la libertad de expresión y la defensa de la presunción de inocencia. A su juicio, el consejero de Sanidad y Consumo "querría sustituir a los aproximadamente 1700 trabajadores del Hospital Severo Ochoa por otros y, desgraciadamente, poco a poco lo va consiguiendo".
"El tiempo está demostrando que todo aquel que ha ejercido dicho derecho en el Hospital Severo Ochoa está en una lista negra de la consejería y que al consejero no le avergüenza pasar a la historia como una mezcla entre Torquemada y el caballo de Atila", concluyó Serrano.
