Severo Ochoa.- Simancas invita a los madrileños a manifestarse esta tarde y esgrime diez razones para cesar a Lamela

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, invitó hoy a los ciudadanos madrileños a manifestarse esta tarde en Leganés "en defensa de la sanidad pública y de los trabajadores del Hospital Severo Ochoa", y esgrimió diez razones para reclamar el cese del consejero Manuel Lamela.

Simancas, que participará esta tarde en la marcha, acusó al responsable regional de "trabajar activamente en la privatización, el deterioro y el desprestigio de la sanidad pública madrileña y negar de forma constante el derecho de los madrileños a recibir un servicio sanitario de calidad y con equidad".

En su decálogo de razones, los socialistas madrileños piden el cese de Lamela por "utilizar su puesto como consejero para deteriorar y debilitar la sanidad pública madrileña desde dentro, provocando la fuga de los ciudadanos a la sanidad privada", y por "poner en riesgo el sistema sanitario para cumplir la promesa electoralista e irreal de Aguirre de reducir las listas de espera quirúrgicas a menos de treinta días, que, además de no cumplirla, no reconoce a dos de cada tres pacientes pendientes de una operación (unos 22.000)".

El tercer motivo está relacionado con la intención del consejero de "forzar el sistema sanitario colapsando las listas de espera diagnósticas y las urgencias de los hospitales, lo que ha incrementado la espera media entre la visita al especialista y la realización de las pruebas diagnósticas a ocho meses".

Asimismo, los socialistas le acusan de "no acometer la mejora urgente del servicio de atención primaria y de transporte sanitario a pesar de las necesidades de los ciudadanos, que demandan unos 50 nuevos centros de atención primaria más de los prometidos por el PP, es decir, uno por cada 15.000 habitantes, 2.200 nuevos médicos de familia y 350 pediatras".

Además, aseguran que, por culpa del consejero, Madrid "está a la cola de todas las comunidades autónomas en inversión, ya que el PP sólo destina 1.000 euros por habitante, en vez de los 1.200 euros necesarios para detener el deterioro del sistema sanitario público". A ello añaden que Lamela "tampoco ha utilizado los 461 millones de euros aportados por el Gobierno socialista de España para mejorar la sanidad madrileña, mientras se subvenciona a la sanidad privada con cifras exageradas, como es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, que recibe 140 millones de euros frente a los 100 millones que reciben los hospitales públicos equivalentes en tamaño".

CESIÓN A EMPRESAS PRIVADAS

El sexto motivo por el que el PSM reclama el cese de Lamela es la cesión de la construcción, gestión y explotación de los nuevos hospitales a empresas privadas, lo que supone, según sus cálculos, "un coste final de 3.600 millones de euros de dinero público para esas empresas, en vez de los 640 millones que costarían estos centros si la gestión fuese exclusivamente pública". Como séptima causa, el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid esgrime la voluntad del consejero de "atacar el prestigio de los profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés con mentiras y acusaciones falsas de 400 asesinatos, como ha puesto en evidencia la Administración de Justicia". "Ha pasado un año y Lamela ni Aguirre, lejos de rectificar, sólo han reaccionado para ordenar una purga entre los trabajadores del Severo Ochoa para castigar las movilizaciones en defensa de su dignidad", argumenta el PSM. Esta formación también acusa al consejero de "declarar públicamente el pasado 22 de febrero ante los empresarios su intención de extender a toda la comunidad el modelo de Valdemoro, que consiste en entregar los hospitales públicos a la sanidad privada y afirmar que la gestión de la sanidad pública debe regirse por criterios estrictamente empresariales, ignorando su función de servicio público y derecho universal para todos los ciudadanos".

Como novena causa, argumenta la clasificación de los madrileños entre "los que se pueden permitir una sanidad privada de calidad y los que deberán sufrir un servicio público deficiente" y, como décima, la consideración del sistema de salud como "un jugoso negocio de 6.000 millones de euros y no como un derecho de todos los ciudadanos recogido en la Constitución".