MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, volvió hoy a solicitar la creación de una comisión de investigación que analice las condiciones de seguridad con que se inauguró, en 1999, la línea 9 del Metro, y añadió como nuevo argumento a su petición que el contrato de explotación de este servicio "sigue vigente a día de hoy".
Durante una visita al Parque Histórico de Vista Alegre, Simancas calificó de "falaz" el argumento esgrimido ayer por el Grupo Popular (PP) para impedir la investigación --que las obras corresponden al anterior Gobierno regional, de Alberto Ruiz-Gallardón--, y destacó que el contrato con la empresa concesionaria del servicio contemplaba "la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la explotación del servicio, que está vigente".
Simancas, que recalcó que las condiciones de seguridad en la línea 9 del Metro son "un asunto vivo en esta legislatura", se mostró convencido de que "no hay razón de ningún orden para evitar una comisión de investigación", ya que los tres requisitos estipulados por el Reglamento de la Asamblea para la creación de una comisión de investigación son que "la soliciten dos quintas partes del Parlamento regional, que los asuntos a tratar sean de interés público y que sean competencia de la Comunidad de Madrid".
Tanto el PSOE como IU, que expresaron ayer su intención de solicitar la comisión, argumentan su petición por el informe elaborado por el entonces director general de Infraestructuras de la Comunidad y actual responsable de las obras de la M-30, Manuel Melis, en el que reconocía que la línea se puso en marcha con deficiencias técnicas "extraordinariamente peligrosas para la circulación de trenes", al primar criterios de ahorro económico sobre las necesarias medidas de seguridad.
"RIESGO DE SER ELECTROCUTADOS, MELIS DIXIT"
Simancas también puso de relieve que, según el informe elaborado por el responsable de las obras, "los ciudadanos madrileños corrieron el riesgo de ser electrocutados, Melis dixit literalmente". Tras afirmar que los responsables públicos están obligados a "velar por la seguridad de los ciudadanos", destacó la necesidad de "saber qué riesgo se corrió, por qué se corrió aquel riesgo, por qué fallaron los controles y qué se pueda hacer para garantizar que en el futuro esto no vuelva a ocurrir".
Asimismo, denunció el "quebranto al erario público" que, según el testimonio de Melis, supuso la realización de esta obra, ya que la empresa adjudicataria invirtió 131 millones de euros que los madrileños "van a pagar religiosamente en los debidos plazos", recalcó Simancas, a los que hay se añadieron 100 millones más para "reponer buena parte de las instalaciones de esta línea de Metro".
A todo ello añadió que, según los cálculos del Grupo Socialista, la construcción de las infraestructuras de transporte mediante el sistema de concesión a una empresa privada, vigente en las obras del Metro a la T-4 de Barajas, los PAUs del norte de Madrid y el Metro Ligero a Boadilla y Pozuelo-- supone un sobrecoste anual a las arcas públicas del 40 por ciento.
