Sindicatos acusan a la Comunidad de no querer motivar servicios mínimos

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT han manifestado este martes su convencimiento de que la Comunidad de Madrid no justifica el establecimiento de los servicios mínimos de cara a la convocatoria de huelga porque prefieren, según han criticado, que estos servicios sean anulados o sean revocados por los tribunales por la falta de motivación.

"Prefieren que se anulen 'a posteriori', y no motivan porque saben que les van a declarar nulos esos servicios mínimos, y prefieren que sea por falta de motivación", ha aseverado el secretario de Política Institucional de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, que ve "intencionalidad" y que no se motiva "por propia voluntad".

Esta motivación "no es gratuita", según ha subrayado el secretario de Organización de UGT de Madrid, Miguel Ángel Abejón, para el que esta justificación "es central, no solamente en el derecho español sino en el derecho comparado a nivel internacional". "Porque lo que estamos planteando es que vamos a privar a trabajadores que tienen un derecho constitucional como es el derecho de huelga, en función de garantizar unos servicios esenciales", ha aseverado.

Durante la mañana de este martes, los sindicatos han presentado a los medios un dossier con 30 sentencias en las que se anulan los servicios mínimos establecidos en diferentes convocatorias de huelga, veinte de ellas en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.

DENUNCIARÁN POR PREVARICACIÓN

Con todo esto, los sindicatos han acusado al Gobierno regional de estar regulando "sistemáticamente contra el derecho de huelga de los trabajadores", y han considerado que las sentencias y los acuerdos constituyen "material suficiente" como para llegar a un acuerdo entre sindicatos y administración para garantizar unos servicios mínimos "que se atengan a la legalidad".

En este sentido, han anunciado que en el caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones que representantes de la central están manteniendo en las últimas horas con la Administración, y que se decreten desde el Gobierno regional unos servicios mínimos de características similares a los anulados por los tribunales y que han presentado hoy, denunciarán a los funcionarios que dicten esos servicios por prevaricación.

"Ante 30 sentencias anuladas en servicios mínimos, si vuelven a dictar unos servicios mínimos de las mismas características, lo están haciendo a sabiendas. Están incurriendo en una ilegalidad a sabiendas de lo que hacen. Y eso tienen un nombre, que es 'prevaricar'", ha sentenciado el secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, que ha amenazado que quien firme estos decretos "pagará las consecuencias". "Vamos a ir con todo", ha anunciado.

Por su parte, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, ha explicado que el acto que les ocupaba era informativo para el Gobierno regional para recordar las sentencias que anulaban los servicios mínimos en diferentes convocatorias de paros. "Por si no lo saben. Hay nuevos y nuevas", ha ironizado en respuesta a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, que criticaba este acto en plena negociación para fijar los servicios mínimos.

LAS NEGOCIACIONES "VAN"

En este sentido, ha criticado que el Gobierno autonómico "legisle a sabiendas de la ilegalidad de la decisión legislativa adoptada", algo "indecente políticamente" para Martínez, que ha pedido que en esta ocasión "actúe con arreglo a la norma y a la decencia".

"Nosotros queremos alcanzar acuerdos en materia de servicios mínimos", ha puntualizado. En este sentido, ha apostillado que --dado la "voluntad de alcanzar acuerdos" que ha conferido a los sindicatos--, el hecho de que estén presentes en la negociación hace que estas vayan "bien". "Van mal cuando acaban sin acuerdos. Mientras tanto, van", ha zanjado.

Durante todo el día se están produciendo reuniones por sectores con el objetivo de llegar a acuerdos para fijar los servicios mínimos, en las que las centrales esperan "limar" aspectos que encuentran "en la línea" de los servicios anulados por los tribunales. Además, han recordado que para la anterior huelga del 29 de septiembre de 2010 se llegaron a acuerdos a nivel estatal, en comunidades como Cataluña, y en ayuntamientos como en Madrid.

EL DERECHO DE HUELGA, "EL BIEN A PROTEGER"

"Pero fue imposible llegar a un acuerdo con el Gobierno regional", ha dicho Cedrún, que ha sostenido que "en el último momento alguien decidió en el Consejo de Gobierno que no había acuerdo". Abejón ha criticado la posibilidad de que esta situación se repita y ha pedido que en el caso de no haber acuerdo, se dicten unos servicios mínimos que "se ajusten al derecho". "Si no lo hiciera, tendríamos que sospechar que realmente no pretende preservar el derecho de huelga, sino con un interés político al margen de las normas y las sentencias de los tribunales", ha subrayado.

Los sindicatos han apuntado que el derecho de huelga "es el bien a proteger", y que únicamente en casos en los que la seguridad y la salud de los ciudadanos puedan verse vulnerados, se debe restringir el derecho de los trabajadores a la huelga. Por lo tanto, han instado a las administraciones a que se determinen esos servicios esenciales y que dentro de ellos, se planteen cuáles son sus mínimos con su correspondiente motivación.

En este sentido, han criticado que no exista una comparación de las propuestas de la administración con un día normal, y han pedido que se tome como referencia los domingos o festivos. "Como dice el Tribunal Constitucional, no se puede pretender que un día de huelga las cosas sean normales, que es lo que pretende la Comunidad", ha aseverado Abejón, que ha recordado que la huelga supone una "situación excepcional".

LOS SERVICIOS MÍNIMOS, UNA "MANIOBRA DE DISTRACCIÓN"

Javier López ha manifestado que entiende el conflicto sobre los servicios mínimos como la "fase 2" de cara a la huelga general --"la semana que viene será ya la 'Fase 3: fase piquetes'--, y ha considerado que se trata de una "maniobra de distracción" consistente, a juicio del secretario general de CC.OO. de Madrid, en "centrar los problemas en el ejercicio del derecho de huelga y no en los motivos que producen esta huelga".

En este sentido, Abejón, de UGT Madrid, ha criticado que ahora se haya pasado de hablar del derecho a la educación al alumnado --sobre el que prevalece en una jornada de paros de un día el del trabajador a realizar huelga-- al "derecho de los padres que quieran trabajar a dejar en guardería a sus hijos menores".

"La pregunta es, si un padre tiene derecho a que le guarden al niño porque quiere ir a trabajar, ¿qué pasa con los padres que trabajen los domingos? Si atendemos a la Ley de Comercio de la Comunidad de Madrid, que va a hacer que gran parte de la población trabaje los domingos, ¿van a tener que abrir los colegios para que los puedan guardar porque los padres tienen que trabajar?", se ha cuestionado retóricamente.