TORRELODONES, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid ha admitido a trámite la querella por un presunto delito de calumnias presentada el pasado 3 de noviembre por el presidente del PP de Torrelodones, Mario Mingo; el alcalde, Carlos Galbeño; el primer teniente de alcalde, Fernando González; y el concejal de Urbanismo, Julián Nieto, contra los concejales del Partido Popular Jesús María Pacios y Reyes Tintó, a quienes el Juzgado cita en calidad de imputados. Estos dos concejales presentaron el 27 de octubre un escrito en la Fiscalía Anticorrupción para que investigara la gestión municipal.
La demanda fue presentada el pasado 3 de noviembre en los Juzgados de la Plaza de Castilla y en ésta, los denunciantes solicitan a los denunciados una indemnización "de al menos" un millón de euros por "un posible delito de calumnias".
Esta información fue dada a conocer hoy por responsables del Partido Popular de Torrelodones, que señalaron que los querellantes basan su argumentación en el hecho "les han atribuido hechos ilícitos en su condición de funcionarios públicos" en el ejercicio de su cargo participando activamente en los medios de comunicación "a los efectos de menoscabar el buen nombre de los querellantes y su honor personal, además de entorpecer la función pública, difundiendo masivamente los hechos que conocían que eran falsos y que en absoluto podían acreditar". La querella recaba las declaraciones realizadas por los querellados a diversos medios de comunicación.
La querella, informaron en fuentes del Partido Popular, "deja una puerta abierta a su posible ampliación a otras personas que pudieran haber contribuido con su comportamiento a la falsa atribución de hechos delictivos", en alusión a un promotor inmobiliario y al notario de la localidad.
Por otra parte, Pacios y Tintó están sometidos en la actualidad a un expediente disciplinario por parte de la Comisión de Garantías y derechos del Partido Popular. Ambos concejales fueron apartados de sus competencias en las concejalías de Juventud, Empleo y Fomento; y Cultura y Educación, respectivamente, el pasado 25 de julio. Los motivos esgrimidos por los responsables del PP se basaron en que los ediles "amenazaron con romper la disciplina de voto de su grupo en relación a la expropiación de unos terrenos a un promotor inmobiliario para la construcción del aparcamiento público subterráneo de la Calle Real".
A partir de ese momento, continuaron en el PP, "ambos ediles comenzaron a verter falsas acusaciones sobre sus compañeros de partido en distintos medios de comunicación a sabiendas de que no pueden pronunciarse sobre la absoluta certeza de dichas informaciones ni sobre su calificación como irregulares o no, tal y como reconocen en el escrito que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 27 de octubre".
