MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid cerró el año pasado con un total de 14.036 empresas adheridas al sistema de arbitraje de consumo de la comunidad, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto al ejercicio de 2011, según remarca el Ejecutivo regional en un comunicado.
En este sentido, la Junta Regional de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid ha recibido la adhesión de 498 nuevas empresas al sistema de arbitraje durante 2012, gracias a la campaña de fomento del sistema Arbitral de Consumo realizada por el Instituto Regional de Arbitraje (357 empresas) y a la petición que han formulado 141 compañías para sumarse a este sistema extrajudicial y gratuito.
El Gobierno regional señala, además, que la adhesión de estas nuevas empresas, desde pymes hasta grandes compañías, "potenciará" la actuación de la Junta Arbitral Regional de Consumo en el sector eléctrico, de gas y de distribución del mueble.
Según detalla, los árbitros acreditados por la Junta resolverán las reclamaciones, que se suman a la resolución de solicitudes del sector comercial y de las telecomunicaciones (telefonía fija y móvil e Internet), cuyas empresas más representativas están adheridas al sistema arbitral desde hace tiempo.
Esta apuesta de la Comunidad por el arbitraje también se ha reforzado el año pasado con la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Confianza OnLine, lo que ha convertido a Madrid en la primera región de España que lo suscribe.
Con este acuerdo se ofrecen mayores garantías a los usuarios de la red en la resolución de conflictos entre consumidores y empresarios en las reclamaciones que se reciben sobre venta por Internet, la mayoría por incumplimiento de contrato, condiciones de venta y cambios o devoluciones.
EL SISTEMA ARBITRAL AHORRA 3 MILLONES A LA ADMINISTRACIÓN
El sistema arbitral, incide el Ejecutivo regional supone un ahorro estimado de 3 millones de euros a la administración de Justicia y es gratuito y voluntario para las partes, que solo en determinados supuestos tienen que costear los peritajes.
También destaca su rapidez ya que los expedientes se tramitan, como mucho, en seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud. Además es eficaz porque tiene pocas formalidades y se resuelve sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico explica que es un sistema 'ejecutivo' porque los laudos son de obligado cumplimiento para empresario y consumidor y tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia.
PROCEDIMIENTO
En el procedimiento de arbitraje, el ciudadano que plantea una reclamación contra una empresa a través del sistema arbitral de consumo, debe cumplimentar, firmar y presentar la solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral Regional.
Luego, la Junta estudia el problema e intenta una mediación previa. En el caso de no alcanzarse una solución consensuada, el asunto se somete a la decisión de un órgano arbitral en el caso de que la empresa reclamada esté adherida al Sistema Arbitral o haya aceptado el arbitraje de manera puntual para este caso concreto.
Las empresas adheridas al sistema de arbitraje se distinguen porque pueden exhibir un distintivo oficial que las acredita como tal, tanto en escaparates como en todo tipo de documentación comercial y en la propia web.
También exhiben un distintivo oficial que otorgan la administraciones públicas las empresas que se dedican al comercio electrónico y se han adherido a un código de conducta, que permite identificar al consumidor la aceptación del arbitraje para resolver conflictos.