Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia de investigar o archivar las actuaciones relativas a una acción pública en relación al ático comprado por la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí.
En una diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press, el órgano fiscalizador acuerda conceder a la Fiscalía dicho plazo para que valore los escritos de alegaciones presentados el pasado 16 de octubre por la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid, en los que ambas partes solicitan el archivo de las actuaciones.
El Tribunal de Cuentas deberá decidir, a la vista de ese nuevo pronunciamiento del Ministerio Fiscal, si procede designar a un delegado instructor para practicar las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas o si, por el contrario, acuerda el archivo del procedimiento.
La diligencia no supone una decisión sobre el fondo del asunto ni determina la existencia de responsabilidad contable. Se trata de un trámite procesal previo a la decisión sobre la continuación de las actuaciones o su archivo.
La decisión llega después de que el Gobierno regional haya defendido este lunes que la adquisición del inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, se ajusta "plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública" y no supone un deterioro económico para la sociedad, por lo que ha reclamado el archivo inmediato de las denuncias.
En sus alegaciones, los servicios jurídicos de la Comunidad sostienen que Planifica Madrid adquirió el piso dentro de su objeto social, que contempla la adquisición y gestión de parte del patrimonio inmobiliario regional para ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración.
También argumentan que el consejero delegado de la empresa está expresamente facultado para realizar compraventas de inmuebles y que el precio abonado se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la operación.
El Ejecutivo autonómico mantiene que el ático se adquirió como un espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, algo que, según expone, se concretó posteriormente en un contrato de arrendamiento. Asimismo, insiste en que el inmueble no se compró como vivienda oficial para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La acción pública ante el Tribunal de Cuentas se abrió el pasado 15 de septiembre tras la recepción de cuatro denuncias presentadas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre, que fueron acumuladas al referirse a los mismos hechos.
El 30 de septiembre se recibió una quinta denuncia sobre la adquisición, que plantea un posible perjuicio a los fondos públicos de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid.
