Tribunales.- (Ampl.) La fiscal pide que el agresor de Miriam Alonso esté 15 años en un psiquiátrico penitenciario

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicitó hoy a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que interne durante 14 años, 11 meses y 29 días en un centro psiquiátrico penitenciario a Jorge Ramos Vázquez, acusado de arrojar a Miriam Alonso a las vías del Metro de Madrid en 2005,

La representante del Ministerio Público modificó así sus conclusiones provisionales y retiró al procesado la petición inicial de 7 años de prisión por un delito de intento de asesinato, al aplicarle la eximente completa de enajenación mental a consecuencia de su enfermedad.

En su informe, la fiscal subrayó que el acusado, de 26 años, "padece esquizofrenia paranoide con ideas delirantes y alucinaciones que anulan su capacidad cognitiva y su capacidad de controlar sus impulsos". Por ello, estimó que concurre la eximente completa de anomalía psíquica, aludiendo también a los informes psiquiátricos expuestos a lo largo de la prueba pericial.

Tras señalar que "los hechos se enmarcan dentro de su trama delirante", la fiscal solicitó a la Sección 23 que el acusado indemnice a Miriam con 10.770 euros por el tiempo que tardó en curar y 446.289,77 euros por las múltiples secuelas que padece, como la amputación de la pierna izquierda.

En su última palabra, Jorge Ramos manifestó, con la voz temblorosa y la cabeza cabizbaja: "Estoy arrepentido. Pido perdón y que le vaya lo mejor posible a Miriam". A la joven la llegaron las disculpas a través de su padre y hermano, ya que prefirió ausentarse de la sala para no ver al hombre que el 4 de octubre de 2005 la empujó, al azar y sin un por qué, a las vías del metro de la estación de Carabanchel.

"NO VA A OBTENER EL PERDÓN"

A las puertas de la Audiencia madrileña, Miriam aseguró a los periodistas que su agresor "no va a obtener su perdón por muchas veces que lo diga" y valoró negativamente la petición de la fiscal de internarle casi 15 años en psiquiátrico penitenciario.

"El único consuelo", dijo, ha sido la solicitud formulada por su abogada, Olga López, que reclamó 20 años en un psiquiátrico penitenciario y una indemnización de unos 860.000 euros, incluyendo a los padres como responsables civiles directos de los hechos.

En la exposición de sus conclusiones, la letrada denunció la actuación "negligente" de los padres del acusado por no realizar, a su juicio, "un seguimiento adecuado" de la enfermedad de su hijo. "Los padres de Jorge sí pudieron haber hecho más. Si hubiera sido así, los hechos no se hubieran producido", apostilló.

Tras ella, el abogado Fermín López reclamó la libre absolución de su cliente y su internamiento durante 3 años en un psiquiátrico. Además, se mostró contrario a que se declare a los padres responsables civiles y afirmó, en este sentido, que "la madre hizo absolutamente todo lo posible por la educación de su hijo".

ABANDONO VOLUNTARIO DE LA MEDICACIÓN

En la prueba pericial, el psiquiatra Nicolás Caparrós, que trató a Jorge entre 2001 y 2004, aseguró que el acusado abandonó "voluntariamente" la medicación tras dejar de acudir a la consulta. Según relató, el chico inició el tratamiento farmacológico a consecuencia de una merma de rendimiento en sus estudios de Medicina y por unas alteraciones en el estado de ánimo por depresión.

"El tratamiento terminó en 2004 porque Jorge dejó de venir a la consulta", expuso el especialista, que entonces ya le diagnosticó una esquizofrenia paranoide. A preguntas de la defensa, indicó que nunca tuvo constancia de que por aquellas fechas Jorge estaba siendo tratado por otro especialista, que supuestamente le retiró la medicación.

Seguidamente, el forense José Antonio García Andrade, el primero que examinó al acusado tras los hechos, explicó que tras detenerle presentaba "un trastorno psicótico místico con alteración del delirio". Resaltó que ese trastorno venía de años atrás, en alusión a varios episodios de enfrentamiento que tuvo el chico con su padre y hermana en la adolescencia.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

El psicólogo subrayó que la familia tenía que conocer los problemas mentales de su hijo y destacó, a preguntas de la defensa, que "los hechos no se hubieran producido si hubiera estado bajo tratamiento".

García Andrade exploró, asimismo, a Miriam Alonso, de quien indicó que padece un trastorno de estrés postraumático y una "dismetría en la cadena" que le provoca una "alteración parcial" de tipo sexual y un futuro trastorno si se queda embarazada. Además, su madre sufre un trastorno desadaptativo derivado del cuidado de su hija.