MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Tribunales Económico-Administrativos madrileños recibieron el año pasado un total de 34.340 reclamaciones, de las cuales se resolvieron el 81,78 por ciento, es decir, 28.084 expedientes.
Así consta en el Informe sobre el Funcionamiento de los Servicios Públicos Estatales y su Evaluación Global en 2012 que ha publicado el Ministerio de Hacienda y en el que se detalla que los Tribunales Económico-Administrativos españoles (tanto el central como los de ámbito regional y local) recibieron el año pasado un total de 221.830 reclamaciones.
De estas 221.830 reclamaciones se resolvieron el 84,85 por ciento, es decir, 188.197 expedientes. Además, según el documento, el tribunal central abrió el año pasado 8.477 expedientes y emitió 5.084 resoluciones, lo que supone casi un 60 por ciento de efectividad.
No obstante, los organismos regionales y locales dieron entrada a 213.353 reclamaciones, lo que supone un incremento del 1,78 por ciento respecto a 2011 y del 11,1 por ciento respecto a 2010. Su ratio de resolución (85,82%) fue muy superior a la de la oficina central al haber cerrado 183.113 de las reclamaciones.
MADRID, LA SEGUNDA AUTONOMÍA CON MÁS ENTRADAS
Con 34.340 entradas, Madrid ha sido la segunda autonomía que más entradas ha registrado por debajo de Andalucía (43.902), y por encima de la Comunidad Valenciana (29.591). Por su parte, los tribunales con menos actividad fueron los de Ceuta (192), Melilla (235) y La Rioja (1.324).
No obstante, las mejores ratios de resolución las registraron Andalucía (95%) y Canarias (93%), y las peores fueron las de Castilla-La Mancha (57%) y Cantabria (59%). En la Comunidad de Madrid la ratio de resolución se ha situado en el 81,78 por ciento.
FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES.
Los Tribunales Económico-Administrativos se encargan principalmente de revisar los actos dictados en materia tributaria por las administraciones públicas, aunque entre sus funciones también se cuentan dirimir asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de los derechos pasivos de los funcionarios y de las pensiones competencia de Hacienda.
Según reconoce el Ministerio en el informe, las cifras de actividad registradas en los últimos tres ejercicios por estos organismos "reflejan un importante incremento frente a la media de los últimos cinco años en el rendimiento de los tribunales y el esfuerzo que, con los escasos medios de que disponen, han realizado para tratar de absorber la creciente y masiva entrada de reclamaciones que se han venido produciendo".
Por su parte, el Catastro, que entre otras cosas se encarga de inspeccionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de redactar las ponencias de valores catastrales, realizó el año pasado 3,6 millones de declaraciones, 977.944 comunicaciones a notarios, registradores y ayuntamientos; 106.549 solicitudes, 121.746 recursos de reposición, 13.310 reclamaciones económico-administrativas, 726.100 rectificaciones de errores, 10.817 ejecuciones de resoluciones y sentencias, 704 quejas informadas ante el Consejo de Defensa del Contribuyente.
Además, tramitó 26,67 millones de actuaciones de comprobación y 86.516 de inspección, emitió 36.209 informes, 143.100 certificaciones de información, 4,14 millones de certificaciones en sede electrónica, 1,58 millones de consultas en Línea Directa Catastro, 8.429 actuaciones de mantenimiento y mejora de las bases de datos, 544 expedientes derivados de procedimientos de valoración colectiva, 3,14 millones de notificaciones individuales y electrónicas y 39.613 tasas de acreditación catastral.
MUFACE.
Por último, en el informe se hace balance también de la actividad en 2012 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que gestiona las prestaciones del régimen del mutualismo administrativo de 1,54 millones de funcionarios civiles en relación con contingencias de asistencia sanitaria, prestación farmacéutica, incapacidad temporal y otras prestaciones sociales como situaciones de dependencias o atención a mayores.
La asistencia sanitaria de facilita a través de entidades privadas de seguro concertadas y a través de los Servicios Públicos de Salud de las comunidades autónomas y del INGESA en el caso de Ceuta y Melilla. Para realizar estas funciones, MUFACE cuenta con 60 unidades de atención al público y de gestión presenciales, que el año pasado efectuaron 2,18 millones de actividades.
En primer lugar, se tramitaron 500.319 expedientes de prestaciones de pago único o periódico en todas las modalidades sanitarias y sociales cubiertas por las mutualidades, la mayoría de ellos en Andalucía (106.912), la Comunidad de Madrid (82.597) y Castilla y León (45.077).
Además, se entregaron 744.748 talonarios y 587.499 visados de farmacia, y se realizaron 345.988 acciones de movimiento colectivo, es decir, altas, bajas y modificaciones de mutualistas y beneficiarios, así como cualquier otro cambio de situación o de datos.
