Antonio Moreno se enfrenta a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer como cargo público
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal del PP de Patrimonio Antonio Moreno, imputado en el "caso Funeraria" por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, declarará hoy ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de enjuiciar los hechos después de 15 años. Moreno se enfrenta a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer como cargo público por los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía de Madrid acusa al ex diputado popular Luis María Huete, a los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Moreno, al presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, y otras cinco personas más por prevaricación, malversación de fondos, alterar precios, tráfico de influencias y falsedad documental.
La Sección Cuarta tendrá ahora que decidir si hubo delito en la privatización aprobada el 22 de diciembre de 1992 con la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas (0,60 euros).
Está previsto también que mañana comience la declaración de Juan Antonio Valdivia, quien estaba al frente de la compañía Funespaña junto a su hermano Ángel, también imputado en esta causa y que le seguirá en el interrogatorio, antes de comprar la funeraria municipal. Los acusados se enfrentan a seis años de cárcel y siete de inhabilitación especial para ejercer como cargo público por maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación.
LA OPICÓN "MENOS MALA".
El juicio por el "caso Funeraria" comenzó el pasado lunes tras 15 años desde que ocurrieron los hechos. El primero de los acusados en declarar fue Huete, quien reveló a la Sala que la funeraria municipal se vendió a Funespaña porque era la empresa "menos mala" de las que concurrieron al concurso. Según dijo, "no fue una decisión arbitraria, sino una solución técnicamente aceptable".
A Huete le siguió el presidente de Funespaña, quien insistió en que no prestó dinero a los hermanos Valdivia para la ampliación de capital de la empresa. Frente a esta versión, el fiscal defiende que los 200 millones de pesetas de la capitalización salieron del bolsillo de Rodrigo y de su entramado de empresas.
El último en comparecer ante el tribunal fue Viñals, que durante todo el interrogatorio del fiscal y las acusaciones personas en la causa mantuvo la estrategia de culpar de todas las decisiones del proceso de privatización al que era gerente de la funeraria municipal, Francisco Yánez. Este último será el primero en declarar en la prueba testifical, que comenzará a partir del día 26.
La Fiscalía sostiene que los concejales con el Gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano, Bravo, Viñals y Huete "concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento".
