Tribunales.- El fiscal y las acusaciones en el juicio por la estafa de la CPV presentarán el día 17 sus conclusiones

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid y las acusaciones personadas en el juicio por la supuesta estafa inmobiliaria de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a casi 2.000 clientes sin piso en los PAUs de los barrios del norte pese haber adelantado parte del dinero, presentarán el próximo 17 de septiembre sus conclusiones definitivas contra los procesados, cuatro directivos de la empresa y dos de sus presuntos testaferros.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde el pasado abril a Francisco García Moreno, el principal imputado por la supuesta estafa de la promotora, a dos de sus hijos y a otros tres acusados. El Ministerio Público solicita para ellos penas de entre 4 y 16 años por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y exige que los procesados paguen una multa de 60.000 euros diarios durante 36 meses.

Una vez que se anuncien las calificaciones definitivas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares procederán a exponer sus respectivos informes. La siguiente sesión tendrá lugar el día 24, cuando previsiblemente concluya el juicio con la última palabra de los encausados.

La Fiscalía de Madrid sostiene en su escrito de acusación que los acusados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.

Según el fiscal, los afectados firmaban un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.

TESTIMONIO DE LOS AFECTADOS

La Sección Decimoquinta reanudó esta mañana las sesiones del juicio con la declaración de varios de los afectados que no comparecieron durante la fase testifical. Francisco, Carlos, Ildefonso y Rafael adquirieron entre 1998 y 1999 un piso en los nuevos barrios del norte de Madrid, pero nunca se llegaron a construir.

Los cuatro relataron al tribunal que firmaron un contrato de compra-venta de una vivienda con los administradores de la CPV, tras lo cual les manifestaron que el dinero que entregarían a plazos iría a una cuenta especial, garantizándoles que se destinaría "exclusivamente" a la compra de los pisos.

"Firmé un contrato que pensé que era legal. Quiero mi piso. La estafa nos ha perjudicado a mi pareja y a mí porque ahora no podemos comprar ningún piso por el alto precio de la vivienda", se lamentó Carlos, quien en julio de 1998 adquirió un ático ficticio de tres habitaciones en el barrio de Las Tablas que tampoco llegó a ver.

Según su testimonio, los responsables de la promotora le garantizaron que en esas fechas la empresa ya había adquirido los terrenos para la construcción de las viviendas. "Nadie nos reconoció que no había terrenos suficientes para edificar los pisos que ya se habían vendido", espetó.