Trinidad Rollán: "No tenía ningún motivo para dudar de la legalidad del convenio"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha asegurado en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Corporación municipal de esta localidad en 2001 por un delito de prevaricación que en el Pleno celebrado el 26 de noviembre de ese año, en el que se aprobó el convenio urbanístico objeto de la vista oral, "no tenía ningún motivo para dudar de la legalidad del expediente".

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha comenzado a juzgar a Rollán y a otros trece ex miembros de la Corporación local por presunta prevaricación en relación a una votación a favor de un convenio con la sociedad Patrimonio Siglo XXI para la construcción de 107 viviendas de carácter social.

Los catorce procesados, que se taparon el rostro con folios para evitar ser fotografiados, se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público. La vista oral proseguirá mañana con la declaración de diversos testigos, entre ellos el secretario municipal que realizó el informe que impugnaba el convenio.

En su declaración, la ex alcaldesa ha recalcado que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.

Además, ha indicado que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también han declarado otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.

A preguntas del fiscal Carlos Ruiz de Alegría sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán ha reseñado que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.

"En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", ha reseñado.

CONVENIO BENEFICIOSO

Además, ha explicado que el convenio que salió adelante permitía urbanizar la zona para que la parcela pudiera edificarse y contemplaba una contraprestación destinada a inversiones municipales para equipamientos municipales.

"De la situación de la parcela, toda la Corporación era consciente. Era un tema absolutamente importante. No se podía construir y queríamos intentar que no se perdiera la subvención porque eran viviendas específicas sociales. Los vecinos de la asociación nos pedían solucionar esta situación", ha destacado.

A preguntas sobre si tuvo la intención de paralizar el expediente, la 'número dos' del PSM ha señalado que no se podía suspender un punto del orden del Pleno porque no constaba el informe del secretario municipal y no constaba ni siquiera que el informe estuviera en el expedinete. "Había informes jurídicos y no había ninguna situación extraordinaria que diera lugar a que no se tuviera que votar".

Rollán ha querido aclarar que ella no participa en la confección de los expedientes de cada área y que conoce sus aspectos en las reuniones que celebra el grupo municipal para preparar los puntos a debatir en los Plenos. Además, ha recalcado que entre la convocatoria y la celebración del Pleno no es habitual que se incorporen nuevos documentos y, si es así, se notifican en su totalidad.

Por otro lado, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y ex concejal, Esperanza Rozas, ha manifestado que "en absoluto" tenía constancia de que el convenio fuera ilegal. "El día a día de los Plenos no era como para que los concejales profundizábamos sobre cuestiones", ha recalcado Rozas, quien dirigía un Patronato de Asuntos Sociales.

"NADIE ADVERTIÓ DE LA ILEGALIDAD"

Por su parte, Martín Rojas ha asegurado que "nadie puso la advertencia de ilegalidad encima del tablero", en referencia al informe del secretario del Ayuntamiento que alertó de que un convenio urbanístico que se aprobó en el Pleno del 26 de noviembre de 2006 no se ajustaba a la legalidad.

"Desconocía yo tanto como mis compañeros que había un informe del secretario porque en este procedimiento habitual estaba fuera de tiempo. Se dieron todos los pasos para que este expediente estuviera completo en el Pleno", ha insistido el ex edil, quien se sienta en el banquillo de los acusados junto a sus compañeros por presuntamente votar a favor de un acuerdo a sabiendas de su ilegalidad.

"Tengo la absoluta certeza de que yo y mis compañeros no teníamos la más mínima sospecha de la ilegalidad, puesto que no disponíamos de los instrumentos necesarios para ello y había informes técnicos y de la letrada de Urbanismo a favor", ha recalcado a preguntas del teniente fiscal del TSJM, Carlos los Ruiz de Alegría.

Rojas ha recalcado que incluso tuvo conocimiento del informe del secretario a raíz de la denuncia, que se interpuso en abril de 2007, y su declaración en octubre de 2007. "Lo que sé del informe lo sé por la denuncia y mi declaración", ha agregado.

"El informe dice algo, que bajo mi punto de vista, no es cierto porque se dice que no se da lo que se recibe. Y hubo una permuta a cambio de tres parcelas", ha remarcado. Además, ha agregado que ese informe "tenía otras connotaciones de dilucidar la ilegalidad del asunto".

Rojas también ha cargado contra el secretario del Ayuntamiento, puesto que a su juicio no tenía competencias para realizar informes similares al que hizo. "He visto informes que me llevaron al rubor del secretario", ha criticado.

Asimismo, ha relatado que era necesario la aprobación del citado convenio, puesto que las subvenciones que daba la Comunidad de Madrid podían caducar si no se llevaba a cabo la construcción de las citadas viviendas.

A preguntas del fiscal, el ex concejal de Urbanismo ha puntualizado que él no redactó el convenio objeto de juicio, sino que fue algún funcionario de su departamento. "Jamás he hecho ni un sólo documento. Una cosa es que haya directrices, pero lo hacen los funcionarios", ha reseñado. "Desde luego, no le puedo asegurar quién lo hizo, y no fui yo", ha espetado.

La práctica totalidad de los acusados han insistido en que si el convenio no se hubiera aprobado muchas familias humildes se hubieran quedado sin casa. Además, han coincidido en señalar que no había constancia de que el informe desfavorable estuviera incorporado en el expediente debatido en el Pleno de noviembre de 2001.