Avalada la supresión de Sociología en la URJC por parte de Educación

Actualizado: martes, 10 noviembre 2015 18:03

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado contra la supresión del Grado de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), al entender que el proceso administrativo que se siguió por parte de la Comunidad de Madrid se ajusta a derecho.

   Así lo indica la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM frente al recurso interpuesto por el profesor Salvador Perelló contra la orden de la Consejería de Educación que acordó la extinción de diez titulaciones, incluida Sociología.

   Esa decisión se basó en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad en febrero de 2014 que disponía la desaparición de diez titulaciones por el bajo nivel de matrículas.

   Por ello, uno de los profesores afectados requería en su recurso la nulidad del proceso administrativo que acarreó la desaparición del Grado, pues entendía que no se había seguido correctamente los pasos administrativos fijados.

   "La Sala debe dar la razón a las administraciones demandadas en este procedimiento por desestimación del recurso, al constatar que la Consejería de Educación no ha infringido los requisitos esenciales del procedimiento administrativo", recoge la sentencia.

   Expone que la orden del 24 de julio de la Consejería de Educación recoge, según obra en el expediente administrativo, un informe favorable de la Secretaría del Consejo Universitario para la implantación de nuevas titulaciones y la supresión de otras. Precisamente, el recurso del profesor afectado aludía a que no existía dicho informe del Consejo Universitario.

   También afirma que "no es cierto" que la primera solicitud de supresión de la Rey Juan Carlos fuera en fecha de 10 de julio de 2014, pues ya se había pedido esta medida con anterioridad por el rector en cumplimiento de lo acordado en la Junta de Gobierno.

   Se refiere además al documento que la Universidad remitió a la Dirección General de Universidades que solicitaba la "suspensión" y no "supresión", detallando que la parte demandada ha explicado que se debió a un error tipográfico y así se puso de manifiesto.

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