MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del Turno de Oficio de Madrid amenazaron hoy con convocar un paro colectivo si el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) no toma medidas para forzar a la Comunidad de Madrid a pagar los 31 millones de euros que adeuda como consecuencia de los retrasos en los pagos de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los abogados de Madrid y Alcalá de Henares.
La amenaza se lanzó en el encierro protagonizado está mañana por cerca de 400 abogados que prestan este servicio en la sede del ICAM, donde estuvo presente el decano Antonio Hernández-Gil. "Si el Colegio no toma medidas habrá un paro total. Hasta ahora son medidas de presión, pero se podría dejar de prestar el servicio", advirtió Santiago Luengo, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
La protesta de los abogados se motiva en el supuesto incumplimiento de las promesas adquiridas el pasado febrero por al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien adquirió el compromiso de mejorar su situación.
Según Luengo, el Colegio no está dando solución alguna para forzar el pago. "La situación actual va a llevar a la quiebra de pequeños despachos. No estamos por la labor de trabajar gratis", aseveró.
Fuentes de la Consejería de Justicia insistieron a Europa Press que se pagará a los letrados con el presupuesto que se apruebe en los próximos días. Sin embargo, Luengo recalcó que ese dinero servirá para pagar parte de la deuda contraída en 2009.
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
"Todo se ha incumplido. La Comunidad no paga desde enero de 2009", denunció Luengo, quien explicó que los abogados del Turno de Oficio cobran gracias a un anticipo que les da el Colegio a través de líneas de financiación con entidades de crédito.
"El Colegio tendrá que reembolsar ese dinero a los bancos y llegará un momento que no pueda", recalcó el letrado, quien acusó al Ejecutivo madrileño de "falta de voluntad" a la hora de dotar de presupuesto a este colectivo.
El letrado tachó de "insuficientes" los 34 millones de euros que destinará la Comunidad a la Justicia Gratuita, puesto que "serían necesarios 50 millones para cubrir los gastos actuales". "Hay una deuda de 16 millones de euros", recordó.
Granados se comprometió entonces a regular los pagos y a que se revisara el baremo establecido en el año 2003. Además, aseguró que su Consejería establecería "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se pagaran con regularidad.
Según los abogados, están pendientes de abono las certificaciones del primer y segundo trimestre del 2009 y no se ha recibido de la Comunidad de Madrid ninguna indicación concreta acerca de cuándo se va a materializar su pago.