MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
UGT-Madrid ha apostado este martes por una reordenación de los partidos judiciales madrileños en lugar de la centralización y ha considerado que esta cuestión debería ser debatida por los sectores implicados en esta materia, ha informado el sindicato en un comunicado.
Según el sindicato, se contraponen dos criterios ante las noticias conocidas en los últimos días que plantean la reordenación de las demarcaciones judiciales en la Comunidad de Madrid.
"El aprobado inicialmente por el Consejo General del Poder Judicial que se basa en establecer circunscripciones con una población superior a los 100.000 habitantes y un mínimo de ocho juzgados, y la propuesta de la Consejera de Presidencia y Justicia del establecimiento de partidos judiciales regionales, que conllevaría la concentración de las sedes en la Ciudad de Madrid", ha señalado.
Conforme a las bases establecidas por el Consejo General del Poder Judicial, ha apuntado UGT, "habría que reordenar los 21 partidos judiciales actualmente existentes hasta reducirlos a 15, dado que varios de ellos no alcanzan los criterios establecidos".
El sindicato ha indicado que Torrelaguna, Valdemoro, San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero, Coslada, Colmenar Viejo y Aranjuez son las sedes de las cabeceras de los partidos judiciales que en la actualidad no cuentan con el número de órganos judiciales fijado y por tanto procedería su reordenación, perdiéndose con ello, el mantenimiento de la sede judicial en el municipio en varios de ellos.
Por su parte, conforme al criterio del ejecutivo regional, 20 municipios que en la actualidad albergan juzgados dejarían de ser la sede de los mismos.
"La propuesta de órganos judiciales con jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma haría inviable su permanencia en las actuales sedes, ya que no tendría sentido que un ciudadano para efectuar tramites que exigen su presencia efectiva en los juzgados se tuviera que trasladar de Aranjuez a Colmenar, de Collado Villalba a Arganda, etc", ha opinado.
A su juicio, la concentración de las sedes judiciales conllevaría en gran medida un traslado de todos los agentes jurídicos (abogados, procuradores, otros funcionarios, etc) que en la actualidad están establecidos en estos municipios, así como obligaría a unos desplazamientos mayores a los ciudadanos que tengan que comparecer ante los mismos, demandantes, demandados, testigos, peritos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"No tiene sentido que los grandes municipios madrileños con poblaciones superiores a las de muchas provincias, con varios partidos judiciales, no dispongan en su territorio de sedes judiciales", ha apuntado.