MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dos vecinos del número 18 de la calle Lagasca de Madrid han corroborado ante el juez que investiga la legalidad de una intervención policial en la que se usó un ariete para acceder a un piso que el inquilino tenía un contrato de alquiler de larga duración y que no era un piso turístico, en contra de lo que mantiene la defensa de los agentes del operativo, han informado fuentes jurídicas.
El juez Jaime Serret ha retomado esta mañana las declaraciones de la causa en la que se investiga una intervención policial que se realizó hace casi un año para frenar una fiesta ilegal en pleno auge de contagios de Covid.
El procedimiento sigue su rumbo después de que el instructor acordara el pasado octubre archivar la causa respecto a cinco de los seis policías investigados por un delito de allanamiento de morada, archivo que está recurrido. Las pesquisas se siguen respecto al subinspector al mando del operativo policial.
El instructor ha tomado este viernes declaración a dos vecinos del edificio, quienes han confirmado que el inquilino residía en el piso desde enero, ya que le solían ver en el rellano y sacando la basura.
Además, han negado que se tratara de un piso turístico o de una vivienda usada como discoteca clandestina. Tras difundirse las imágenes de la actuación, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, justificó la entrada de la Policía mediante la "patada en la puerta" en aquellos pisos turísticos que no fueran morada.
Uno de los testigos ha relatado cómo presenció la negociación de los agentes con las personas que estaban en el interior del piso para que abrieran con la finalidad de identificarse.
Según su testimonio, una chica les indicó que tenían que ir a por una orden judicial. Al parecer, muchos de los jóvenes que estaban en el interior del piso eran abogados.
Tras unos 30 minutos de negociaciones sin éxito, los agentes de la policía les dijo a los vecinos: "cierren la puerta" porque iban a derribar la puerta.
JURADO POPULAR
La causa se enjuiciará por el procedimiento de Jurado Popular. En una audiencia celebrada el pasado 8 de octubre para la solicitud de pruebas, las partes solicitaron una batería de diligencias a practicar y si está en ello.
El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta por el morador y a instancias de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ordenaran investigar los posibles excesos policiales llevados a cabo en la intervención policial realizada el pasado 21 de marzo.
TESTIFICAL DE MARLASKA
El letrado Juan Gonzalo Ospina, que defiende al inquilino, solicitó la testifical del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en aras de acreditar que "el Ministerio del Interior no autorizó de manera previa la actuación de los agentes de la Policía Nacional para infringir el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se cometan infracciones administrativas".
En una resolución, el juez denegó las diligencias solicitadas por el letrado, dado que a su juicio "no van dirigidas como exige el artículo 27 de la LOTJ antes citado, a comprobar la existencia de los hechos denunciados, sino que tratan sobre la opinión (jurídica o no) de terceros sobre estos hechos".
El juez ofició entonces al Ayuntamiento de Madrid para que remitiera el certificado de empadronamiento de la vivienda, así como que informen si el querellante se encuentra empadronado en la ciudad de Madrid.
También requirió a la parte querellante por medio de su representación procesal para que en el plazo de cinco días aporte el correo electrónico o archivo telemático donde recibió el contrato de arrendamiento que se adjuntó con la querella.
