MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este martes que el proyecto Campus de la Justicia "nunca se planteó a coste cero" y ha detallado todas las cuentas anuales de la sociedad valoradas en conjunto en una cantidad aproximada de 91,7 millones de euros.
Por su parte, los grupos de la oposición han acusado de "obstruccionismo" al Gobierno regional al entender que no se está atendiendo a las peticiones de información sobre el coste del proyecto y de los términos de contratación y que esa actitud no favorece la "transparencia".
El viceconsejero ha comparecido este martes en la sesión de la Comisión sobre Endeudamiento de la Comunidad de Madrid y ha indicado que la Consejería está haciendo una "ordenación exhaustiva" de toda la documentación, en papel y en soporte digital, relativa al proyecto suspendido para reagrupar sedes judiciales.
Tras remarcar que esa documentación alcanza una superficie de 100 metros lineales, sin incluir maquetas y otros elementos, Ruiz Escudero ha apuntado que no se puede detallar aún una cifra global del coste del Campus de la Justicia, pues aún están pendientes reclamaciones judiciales por parte de la empresa de dos arquitectos y la empresa Corsan Corviam.
En este punto, ha pasado a detallar las cuentas anuales de los ejercicios: 3,6 millones en 2005; 9,7 millones en 2006; 4,8 en 2007; 4,3 en 2008; 5,2 en 2009,; 65,7 en 2010; 1,3 en 2011; -3,3 en 2012; -1 millón de euros en 2013 y 987.000 euros en 2015. En total, el saldo es de 91 millones.
El viceconsejero ha indicado que el proyecto se había planteado para reagrupar sedes y ha detallado que la región cuenta con 534 órganos judiciales y con más de 7.000 empleados públicos del sector, con una plantilla de jueces, fiscales y secretarios judiciales de más de 1.000 personas.
Ha recordado que el proyecto Campus de la Justicia tenía consenso pero que cuando comenzó la crisis se suspendió el proyecto por parte del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre, decisión que ha tildado de "razonable".
CRÍTICAS DEL PSOE
Por su parte, la diputada socialista Mercedes Gallizo ha dicho que la actitud del Gobierno regional roza la "vergüenza" y ha lamentado que justo cuando cumplía el plazo para responder a una serie de preguntas por escrito que planteó a la Consejería, se le responde que puede consultar la información en el archivo que organiza este departamento.
"No es aceptable", ha añadido para remarcar que su grupo va a pedir en el seno de la Comisión que las preguntas escritas sin contestación adecuada se respondan de forma oral por cargos del Ejecutivo autonómico.
Gallizo ha asegurado que del proyecto sólo queda "un túnel y un edificio" y ha recordado que los diputados que visitaron la zona comprobaron que se estaba grabando una película. Además, ha censurado los honorarios del contrato con Norman Foster (al que se pagaba con 30 días máximo) y ha preguntado si el afamado arquitecto dejó una maqueta de su proyecto, pues se podría llevar a un museo como ejemplo de la "maqueta más cara del mundo".
A su vez, la diputada socialista ha añadido que las cifras de cuentas anuales no cuadran con el montante de toda la contratación licitada y adjudicada, para censurar a su vez que se hable de un coste de 900.000 euros para un vídeo promocional de Campus de la Justicia. "Las cuentas han sido opacas", ha asegurado.
Mientras, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha lamentado que el viceconsejero no haya contado "absolutamente nada" cuando se habla de que hay 10 personas de la Consejería recopilando la documentación. "Están deslegitimados para hablar de transparencia y están impidiendo el trabajo de esta comisión", ha asegurado.
PODEMOS HABLA DE "OBTRUCCIONISMO"
Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Gutíerrez ha contestado al viceconsejero que sus palabras sobre que no se planteaba el proyecto a coste cero son replicadas por la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. "Le ha desautorizado su jefa, la que es presidenta del PP de Madrid", ha añadido.
Ha añadido que el Gobierno regional está incurriendo en "obstruccionismo" de la labor parlamentaria al no aportar información por escrito aludiendo a que se tendría que remitir unos 300 folios, cuando la semana pasada se presentaron los 2.000 papeles que recogen los presupuestos regionales de 2016.
"Es una broma", ha remachado el parlamentario de Podemos para aludir que existen informes internos de la Sociedad Campus de la Justicia que muestran que ubicarla en la zona de Valdebebas suponía un coste de 26 millones de euros por su cercanía al tránsito aeroportuario de Barajas.
Frente a ello, el diputado popular Juan Antonio Gómez Angulo ha negado cualquier actitud "obstruccionista" y ha dicho que no hay ninguna negativa por parte del PP a que se facilite cualquier información por escrito. Ha añadido que se ha dado cuenta del coste anual de cada uno de los ejercicios y que como ya se había manifestado por otros comparecientes no había ninguna irregularidad en esta materia.
