Cataluña ve factible un "punto intermedio" entre fabricantes y distribuidores de coches

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Cataluña ve factible que haya un "punto intermedio" en el sector del automóvil que logre aunar los intereses de los fabricantes y distribuidores, ante la polémica que ha suscitado la nueva regulación aprobada por el Congreso.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, al preguntársele sobre las dos reuniones que este martes mantendrá el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el director del Salón del Automóvil, Enric Lacalle, y los presidentes de Anfac (fabricantes) y Aniacam (importadores).

"No creemos que se haya roto el diálogo" entre la Generalitat y los fabricantes, después de que el Congreso aprobase una moción con el apoyo de CiU y PP que obligará al sector a adquirir aquellos vehículos que no hayan sido vendidos por los concesionarios.

Homs ha indicado que la postura de los nacionalistas en el Congreso era "conocida por todos desde hace tiempo, no fue fruto de la improvisación".

En su opinión, hay que evitar plantear el nuevo marco como una confrontación entre las partes, y ha asegurado que Mas y su equipo pondrán todo su empeño en "reforzar el diálogo "en el sector".

Ha defendido la solidez de la industria del automóvil en Cataluña, y ha indicado que en sus reuniones de este martes, el Gobierno catalán tratará de "poner las bases" al punto de equilibrio en el sector que anhela.

Este punto en el que confluyen los intereses de los agentes del sector debe encontrarse, ha dicho Homs, quien ha expresado su confianza de que se logrará alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

La Generalitat mantiene este martes reuniones con el Gobierno, fabricantes e importadores tras el conflicto que ha desatado la nueva regulación estatal que establece que los concesionarios podrán devolver a las marcas los coches y piezas que no hayan vendido en un plazo de 60 días, y los fabricantes tendrán la obligación de recomprarlos al mismo precio.

Esta normativa, aprobada en el Congreso dentro de la Ley de Economía Sostenible con el apoyo de CiU y la oposición del PSOE, ha provocado indignación en la industria, que ha alertado de que provocará pérdida de empleos y paralización de inversiones.