VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras en Castilla y León pidió hoy que la Administración regional extienda el compromiso con Renault a las empresas auxiliares y de servicios ante las incertidumbres existentes en el sector y los argumentos de las empresas para desregular las condiciones de trabajo y reducir el empleo.
Comisiones, en un comunicado recogido por Europa Press, pidió que la Junta se comprometa en la vigilancia como autoridad laboral respecto de los expedientes de regulación que puedan presentarse en estas empresas y en las ayudas financieras de igual manera que se ha hecho con la marca del rombo.
Asimismo, consideran que es necesario el compromiso de Renault para facilitar una información completamente transparente que permita afrontar este tipo de negociaciones ajustándose a la situación real y no a los intereses patronales de cada momento.
El sindicato explicó que la firma del acuerdo entre el Comité de Empresa de Renault y la dirección de ésta se ha valorado muy positivamente, "pese a las dificultades en su concreción", porque daba salida a la crisis del Modus cuyas consecuencias se intuían "dramáticas".
En este sentido, la formación afirmó que el papel de la Junta ha sido determinante pero el acuerdo tendrá que acompañarse en las empresas auxiliares con "fórmulas, propuestas, negociaciones y decisiones" que permitan solucionar la crisis existente en el sector.
"Lamentablemente, desde la Federación de Comunicación y Transporte, observamos con inquietud cómo las empresas auxiliares utilizan todo tipo de argumentos para profundizar en la desregulación de las condiciones de trabajo y en la reducción del empleo", indicó el sindicato.
Para Comisiones "no existen trabajadores de primera y segunda clase" y una vez solucionada la crisis en Renault consideran necesario conseguir "paralelamente" acuerdos en las empresas auxiliares que garanticen "estabilidad y garantía de empleo" al igual que en la empresa matriz.
Por ello, el sindicato aseguró que "negar" esta negociación y presentar expedientes de regulación "indiscriminadamente" sólo puede entenderse "desde empresas que pretenden aprovechar la situación para equilibrar e incluso mejorar su cuenta de resultados trasladando costes, ampliamente incrementados, a la Administración y a los trabajadores".
