Un total de 150 personas asisten al V encuentro Anual de ATECYR que tuvo lugar hoy en Murcia

MURCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Comité Técnico de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), Víctor Soto, explicó hoy que la implantación de la Directiva Europea Relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios "lleva algo de retraso en la Región de Murcia, igual que en el resto de Europa", e instó a su puesta en marcha "para evitar posibles sanciones, principalmente, y porque es una herramienta útil para concienciar a la población".

Soto, quien también es el representante en la Acción Concertada de la Directiva Europea Relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), hizo hoy estas declaraciones a Europa Press coincidiendo con su presencia en Murcia con motivo del V encuentro anual de ATECYR, que hoy tuvo lugar en Murcia y que reunió a unos 150 asistentes interesados en los puntos del día, que incluyeron la situación sobre la certificación energética en España y los aspectos a considerar en la elección de sistemas de climatización.

En este sentido, Soto recordó que la Directiva Europea Relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, que fue redactada en 2002 y tenía previsto entrar en vigor en 2009, contempla la realización de una etiqueta que incluye la calificación energética de un edificio, en función de los electrodomésticos con los que está equipado, si utiliza calderas de calefacción o aire acondicionado, así como los tipos de ventanas que posee, entre otros elementos.

La ponderación final de la vivienda "debería aparecer reflejada en esta etiqueta que actualmente es obligatoria en los edificios nuevos", aunque apuntó que "está teniendo muchos problemas en su aplicación, y se baraja realizar una ampliación de la directiva para intentar que funcione". A partir de ahora, la UE pretende empezar a implementarla y "de aquí a seis años rpopone certificar la etiqueta a cualquier vivienda que se alquile, se compra o venda".

En el futuro, todas las casa deberán estar equipadas con esta etiqueta, que "actualmente evalúa si tu casa es de tipo A, B o C, en función de la certificación energética". En adelante, la directiva prevé "incluir recomendaciones sobre lo que el vecino tiene que hacer el ciudadano para mejorar la certificación, como cambiar las ventanas, o implantar una caldera de condensación, más eficiente, acompañado del coste de la inversión y las ventajas".

Se trata de una obligación por Real Decreto, aunque deja libertad a las comunidades autónomas en diferentes aspectos, según Soto, que indicó que "la forma de ejecutar la norma ha sido transferida a las autonomías". Por ejemplo, dijo que debe de haber un registro oficial en el que se puedan consultar la calificación energética de cada edificio abierto al público, así como una inspección a las instalaciones, algo que cambiará "en función de la comunidad de la que se trate".

En el caso de la Región, Soto añadió que la aplicación "está regular o mal, como en el resto de Europa, no sólo desde el punto de vista técnico, sino que había una exigencia de hacer publicidad a la sociedad, y es algo que está arrancando ahora mismo".

Para impulsar esta normativa, la UE "quiere que, el año que viene, todos los edificios de las administraciones públicas, y todos aquellos de concurrencia público, como hoteles, por ejemplo, deberán lucir el certificado en la puerta". Asimismo, prevén implantar otras medidas como "rebajar el IVA en las inspecciones técnicas de las viviendas que conlleva la normativa, para hacer ver a la sociedad que no hay un afán recaudatorio".

Soto explicó que los países punteros en su implantación son "Portugal, Dinamarca y Bélgica", mientras que la Junta de Andalucía "ha comenzado a implantar una especie de registro público, en el que sólo hay 18 certificados, por ejemplo". Así, explicó que supone un "problema de coordinación, que cada autonomía funciona con su respectiva agencia de la energía, aunque están empezando a realizar reuniones".

En este sentido, insistió en la importancia en implantarlo "para evitar sanciones", y porque "supone una herramienta de concienciación importante para poner remedio a fenómenos como el cambio climático".