La ex concejal dice que la intentaron comprar para que se callara pero les advirtió que "si el barco se hundía, se hundía con todos"
MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Fortuna (PP), Matías Carrillo, ha asegurado con rotundidad, en la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia, que "nunca jamás y en ningún momento" pidió el voto por correo "a cambio de nada", ni fue "casa por casa" para conseguirlo ofreciendo a cambio a personas interesadas obtener un empleo en el Consistorio con la posibilidad de un contrato de trabajo eventual.
Así lo ha expuesto Carrillo, al que se le juzga junto a los que fueran concejales de Economía y Hacienda, José Antonio López; y de Personal, Mujer, Sanidad, Tercera Edad y Servicios Sociales, María Dolores Sánchez, por un presunto delito electoral, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Igualmente, ha defendido la inocencia de su mujer, que ha sido acusada por la ex exil Sánchez de "ir pidiendo el DNI a cambio de trabajo"; acusaciones que se extienden a todos los miembros de la lista del PP, a los que vio "rellenando la solicitud" del voto por correo, una práctica que se hacía en 2003 "y que tenía por contraprestaciones un puesto de trabajo en el Ayuntamiento".
La ex edil, cuya defensa ejerce el letrado Antonio Pagán, ha negado haber participado en esta práctica porque "no estaba de acuerdo", advirtiendo que por ello fue coaccionada y presionada y comenzó a tener problemas con el partido hasta que fue cesada en 2007.
"Este embolado me lo querían cargar a mí e intentaron comprarme para que me quedara callada pero les dije que si el barco se hundía, se hundía con todos", ha manifestado la ex concejal durante el juicio, donde ha subrayado que le ofrecieron un puesto de trabajo como coordinadora de todos los empleos "a cambio de no ir en las listas y cargar con todo esto del voto por correo".
A estas acusaciones, el alcalde, que ha sido reelegido en los pasados comicios municipales, ha respondido negando todo y que le dijera a la ex edil que se callara sobre este asunto.
Incluso, ha ido más allá afirmando que en fechas recientes ha recibido en su despacho a personas que le han sugerido cambiar su declaración en el juicio si a cambio le daba un empleo en el Ayuntamiento.
Al hilo, ha dejado entrever que una testigo le dijo que "diría la verdad en el juicio y no me imputaría si le daba trabajo", al igual que le han visitado otras personas que le han relatado que han sido objeto de presión por parte de la ex concejal para que le inculparan.
AUMENTOS EN LAS PARTIDAS DE CONTRATACIÓN "NORMALES"
Tras declinar hacer una valoración sobre el considerable aumento de votos por correo de las elecciones de 1999 y las de 2003, en las que hay una diferencia de 300 votos, el regidor fortunero ha justificado el aumento de la partida presupuestaria para contratación de personal eventual en 2002, en un montante total de 111.450 euros, por las negociaciones con los sindicatos de que se transformaran en fijos y no porque se le hubiera prometido un empleo por haberles votado en las elecciones de 2003.
Ha calificado estos aumentos de "normales", definiéndolo como "reajustes que se hacen a lo largo del ejercicio", algo en lo que ha coincidido el ex concejal de Economía, ambos defendidos por el letrado Jaime Peris.
Ha recordado, al respecto, que "desde 1991 al año 1999 ha habido modificaciones en el presupuesto de las partida de personal, incluso cuando antes gobernó IU".
Competencias éstas que, según ha dicho, recaían en la ex edil, que estaba liberada y que era la presidenta de la Comisión de selección del personal, encargándose solamente el alcalde de la firma del contrato. Por contra, ésta ha afirmado que en 2001 no tenía poder de resolución, aunque sí delegadas las competencias de estas áreas.
Sin embargo, María Dolores Sánchez ha defendido durante la primera sesión de la vista oral, que previsiblemente se extenderá hasta este viernes con la declaración de testigos, que "los que gestionaron el voto por correo entraron a trabajar al Ayuntamiento", participando el alcalde de estas gestiones.
Sánchez, que ha puntualizado que esta práctica no se dio en 1999 cuando comenzó a ser concejal, ha declarado que "se falsificaron firmas en la sede del PP" y que el alcalde estaba implicado; razón por la que le advirtió que se quedara "callada" cuando la edil le dijo que era algo "grave".
Las represalias llegaron tan lejos que la ex edil, según ha confesado, llegó a sentir miedo porque estas personas que votaron por correo "me formaban un tinglado en cualquier sitio, incluso en el supermercado".
Preguntada sobre si hace unos días visitó a una testigo y le dijo que no quería que fuera a declarar al juicio, la ex edil lo ha negado.
Otro de los procesados, el ex edil José Antonio López, quien ha eludido pronunciarse sobre ese aumento de votos por correo en 2003, ha negado también haber participado en la compra de votos por correo.
DELITOS POR LOS QUE SE LES ACUSAN
El fiscal pide para cada uno de los acusados doce fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.
Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, a instancias de IU, que fue quien denunció los hechos, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
