CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha defendido este miércoles en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la simplificación administrativa "debe suponer agilidad y reducción de trámites, acercando la administración a la ciudadanía", pero ha advertido de que la eficiencia "no puede pasar por eliminar controles mínimos necesarios".
En la audiencia legislativa del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, ha subrayado que los consistorios asumirán "más trabajo y más responsabilidad" y ha reclamado "recursos técnicos y humanos suficientes, inspección y garantías" para velar por el cumplimiento urbanístico y ambiental.
Hernández ha señalado que el principal problema en su ayuntamiento "no es la idea de agilizar", sino "la falta de medios" para gestionar proyectos de envergadura "con impacto social, laboral y económico" y para "inspeccionar licencias y condiciones urbanísticas y medioambientales" de las empresas que se instalan.
A su juicio, la norma "apenas incorpora pinceladas de perspectiva municipal" y, sin refuerzos, "acelerará la llegada de proyectos estratégicos" sin garantizar después su control. "Queremos inversión y empleo, pero con seguridad jurídica y capacidad de seguimiento", ha resumido.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha advertido de "injerencias" en la autonomía local. Ha citado el artículo que prevé que la interpretación autonómica en determinadas licencias sea "vinculante" y el régimen de proyectos estratégicos, que "obligaría a modificar planeamiento municipal". También ha cuestionado la licencia básica y las licencias provisionales en suelo urbanizable sin sectorizar, al plantear "riesgos" si el planeamiento definitivo no coincide con la autorización inicial.
Desde Vox, Virginia Martínez ha mostrado dudas sobre la declaración como estratégicos de plantas de biogás, parques solares o eólicos, al entender que ello limitaría la capacidad de decisión municipal, y ha reclamado priorizar el sector primario y la revitalización de los cascos históricos con medidas de rehabilitación y aparcamientos. Además, ha pedido "informes anuales de cumplimiento" y una "implementación real" de la ley, recordando la dispersión normativa por la coexistencia de varias normas de simplificación.
Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha alertado de "un posible caos urbanístico y ambiental" y ha criticado que la licencia básica, tramitada mediante declaración responsable, permita iniciar obras "sin control previo suficiente". Ha denunciado "barra libre" para macroproyectos energéticos y ha avisado de que la declaración de interés estratégico "podría imponerse frente a la oposición vecinal".
Finalmente, la diputada del PP, María Casajús, ha defendido que la cuarta ley de simplificación "reduce duplicidades, acorta plazos y libera a los ayuntamientos para atender mejor a los vecinos", negando que se "privaticen" funciones. Ha asegurado que la Comunidad mantendrá "legalidad, inspección y control públicos" y que el Gobierno regional "ha contado con la Federación de Municipios" en la elaboración y contraste técnico del texto.