Arrancan las audiencias legislativas de la Proposición de Ley sobre infracciones en materia de agresiones a sanitarios

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional de Murcia ha celebrado este lunes una triple sesión de audiencias legislativas para iniciar el análisis de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema público regional, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular.

La primera en comparecer ha sido la secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Francisca Sánchez, quien, aunque ha valorado de forma positiva la creación de la ley, ha advertido de que la norma resulta "insuficiente" sin llevar aparejada una estrategia global que refuerce las plantillas, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna, según ha informado el Parlamento autonómico.

Sánchez Salmerón ha vinculado las agresiones con la sobrecarga asistencial, las listas de espera y la saturación de urgencias, y ha señalado que solo se denuncia el 40% de los casos. Además, ha puesto el foco en la perspectiva de género al destacar que casi el 60% de las víctimas son mujeres, un hecho que ha atribuido a la feminización del sector y a la desvalorización de los cuidados.

La representante sindical ha criticado que el texto contenga conceptos jurídicos "indeterminados" y que algunas sanciones tengan un efecto limitado, al tiempo que ha lamentado que las organizaciones sindicales "no hayan sido escuchadas durante la redacción de la ley", tras reclamar que los procedimientos sancionadores puedan iniciarse de oficio.

A continuación, ha intervenido el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, quien ha respaldado la Proposición de Ley por su "necesidad real", aunque ha insistido en la importancia de perfeccionarla técnicamente.

Para el representante de los médicos, es crucial garantizar la seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica.

Miralles ha subrayado que las agresiones a sanitarios no son episodios aislados, sino una tendencia estructural y en crecimiento que afecta tanto a la calidad asistencial como a la organización de los servicios.

Por ello, ha instado a que la norma permita actuar con eficacia frente a conductas que, aun no alcanzando relevancia penal, exigen una regulación precisa, incluyendo la ampliación de los sujetos responsables y la capacidad de la Administración para actuar de oficio.

Finalmente, ha cerrado la ronda de audiencias el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Región de Murcia, Miguel Ángel López, quien ha propuesto diversas modificaciones al texto.

Entre ellas, ha sugerido modificar el título de la norma para identificar que esta protege a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público y ha abogado por la creación de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad, dependiente de la Consejería de Salud, como herramienta para analizar y denunciar las agresiones mediante la participación activa de la administración, profesionales, sindicatos, colegios y asociaciones de usuarios.

López Lozano también ha propuesto ampliar el alcance de la ley para que no se limite a la integridad física, sino que proteja la integridad moral, el patrimonio personal y de la administración, la intimidad y el entorno digital, y ha insistido en que los procedimientos de protección deben iniciarse de oficio para evitar represalias o presiones emocionales sobre el trabajador.

La jornada ha concluido con un turno general de intervenciones en el que han participado los diputados María Soledad Sánchez (PSOE), Eugenia Sánchez y María José Ruiz (Vox), María Marín (Grupo Mixto) y María del Carmen Ruiz (Grupo Parlamentario Popular).