La Asamblea aprueba medidas para mejorar las condiciones de los enfermos de Alzheimer

Archivo - Pleno de la Asamblea Regional de Murcia (imagen de archivo)
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Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 12:16

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado, con la abstención del PP, instar al Consejo de Gobierno, a que desarrolle una serie de medidas para mejorar las valoraciones y los cuidados de los enfermos de Alzheimer y sus familias.

La proponente de la moción, la diputada regional de Vox, María José Ruiz, ha criticado que el Gobierno regional no haya puesto en marcha ninguna medida aprobada por el parlamento autonómico a este respecto. "Aprobar iniciativas está bien, pero implementarlas es mucho mejor", ha apostillado.

Ruiz ha explicado que el objetivo de su grupo es mejorar el sistema "sin invadir competencias pero asegurando que se aplica correctamente".

La moción ha salido adelante con la inclusión de enmiendas parciales de PSOE y el grupo Mixto, y con el rechazo de la del PP que exigía más financiación estatal.

Los primeros han propuesto incrementar las infraestructuras residencias y las unidades de atención, así como el personal especializado del IMAS para agilizar la tramitación de reconocimiento de derechos y prestaciones de estos pacientes.

La diputada socialista María Dolores Jara ha señalado que la Región tiene un déficit de 6.500 plazas en residencias, así como que la espera se puede demorar 16 años. Jara ha lamentado que solo el 30% de las plazas son públicas y ha reclamado que este servicio debería ser gratuitamente.

Desde el grupo Mixto han logrado sacar adelante su enmienda parcial para sustituir la creación de un Registro Regional de Demencias que proponía Vox, por la mejora e integración de los sistemas ya existentes.

IMPUESTO AL PLÁSTICO NO REUTILIZABLE

Asimismo, ha aprobado solicitar al Gobierno la supresión del impuesto especial sobre los envases de plásticos no reutilizables con el voto en contra del PSOE.

El diputado del grupo parlamentario Popular Víctor Martínez ha propuesto sustituir esta ley "por políticas eficaces, incentivos a la innovación en reciclaje, apoyo a la industria para nuevos materiales, mejora de infraestructuras de reciclado y simplificación normativa".

Martínez ha señalado que España es el único país de la Unión Europea que aplica este impuesto, por lo que considera que es "una decisión unilateral" del Gobierno de España y que las consecuencias las pagan empresas y autónomos.

En este sentido, el 'popular' ha señalado que en la Región de Murcia el sector agroalimentario representa el 11% del PIB y que esta depende del envase para conservar, transportar y exportar productos. "Este impuesto impacta en toda la cadena, agricultores, industria, logística, exportación, y lo hace además incrementando costes", ha apuntado.

Desde el grupo Mixto, Álvarez Castelanos, ha abogado por disminuir la producción del plástico y apostar por otro tipo de envases. "Solo una mínima parte de los residuos contaminantes del plástico se reciclan", ha afirmado.

El diputado de IU-AV ha afirmado que es "lógico" trasladar el coste de la contaminación a quienes la producen, y ha planteado que ayudas estatales para que las empresas se adapten.

Por su parte, el diputado de Vox Pascual Salvador ha tildado este impuesto de "sadismo al pueblo español y sus empresas". Desde el PSOE María Dolores Martín ha lamentado que la supresión de este impuesto haría que "la factura deje de pagarla quien contamina y acabe pagándola la ciudadanía".

REGISTRO DE OBJETORES SANITARIOS

Por otro lado, la Asamblea Regional ha rechazado una moción de Vox para suprimir el registro de objetores de conciencia en los profesionales sanitarios para casos como el aborto o la eutanasia y paralizar la implantación del protocolo nacional.

La iniciativa, presentada por el diputado Rubén Martínez Alpañez, solicitaba la eliminación de estos censos al considerarlos "listas negras" que vulneran la libertad ideológica de los profesionales y sirven como herramienta de "control y estigmatización" por el Estado.

Durante su intervención, Martínez Alpañez ha sostenido que la objeción es un "derecho natural y prepolítico" que no debe depender de un reconocimiento administrativo ni de una inscripción previa, y ha insistido en que el actual sistema "subordina un derecho constitucional a un señalamiento perverso".

Durante el debate de la iniciativa, que ha sido rechazada por 35 votos en contra --PP, PSOE y Podemos-IU-AV-- frente a los siete a favor de los proponentes y dos abstenciones, el PP ha defendido que el registro operativo desde 2022 en la Región garantiza la "confidencialidad absoluta" y es una herramienta necesaria para la planificación sanitaria.

El diputado 'popular' Antonio Martínez Pastor ha asegurado en su intervención que el registro de MurciaSalud garantiza una "confidencialidad absoluta" y está protegido por la Ley de Protección de Datos. Así, ha considerado que la moción de Vox intenta crear un "conflicto artificial" en un ámbito que ya cuenta con seguridad jurídica tanto para el profesional, como para la administración.

Por su parte, el PSOE y Podemos-IU-AV han coincidido en señalar que la propuesta de Vox busca "vaciar de contenido" el derecho al aborto y boicotear la prestación sanitaria en la red pública.

La portavoz de Podemos, María Marín, ha calificado de "vergonzoso" que la cámara debata una iniciativa que, a su juicio, tiene por objetivo "boicotear" el derecho al aborto en la sanidad pública regional.

Marín, que ha presentado una enmienda a la totalidad que también ha sido rechazada, ha denunciado que la objeción de conciencia es utilizada como una herramienta por parte de un "lobby religioso integrista" para impedir que las mujeres ejerzan sus derechos legales, lo que se traduce, según ha precisado, en que el 99% de las intervenciones sean derivadas a clínicas privadas.

Por su parte, la parlamentaria socialista María del Carmen Fernández ha definido la moción como una "pieza más de la ofensiva de Vox contra los derechos de las mujeres" y una herramienta para "vaciar de contenido" la ley vigente.

Fernández ha defendido que el registro no es una "lista negra", sino una herramienta de planificación para que el Servicio Murciano de Salud organice la asistencia y evite que las mujeres sean "señaladas" o "expulsadas" hacia la sanidad privada.

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