CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este martes la toma en consideración del proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, lo que permitirá iniciar su tramitación parlamentaria. La iniciativa ha suscitado discrepancias entre los grupos, especialmente por el modelo de financiación de las universidades públicas y las garantías presupuestarias que contempla.
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido la necesidad de actualizar una normativa que data de 2005 y dotar al sistema universitario regional de un marco "actualizado, estable y útil para afrontar las próximas décadas". En este sentido, ha recordado que la Región cuenta con más de 55.000 estudiantes universitarios y ha destacado que la nueva legislación pretende adaptarse a los cambios en la enseñanza, la investigación y las necesidades de la sociedad.
Vázquez ha explicado que el proyecto, compuesto por 110 artículos, contempla un modelo de financiación de las universidades públicas basado en la suficiencia financiera, la eficiencia y la corresponsabilidad, mediante planes anuales y plurianuales y mecanismos de evaluación. Asimismo, ha destacado las medidas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, reforzar la investigación, facilitar la transferencia del conocimiento a las empresas e impulsar la internacionalización y la incorporación de la inteligencia artificial a la enseñanza superior.
El consejero ha defendido, además, el proceso de participación previo a la elaboración del texto, que recibió 221 aportaciones de 95 participantes durante la consulta pública inicial. También ha señalado que las observaciones de los órganos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, han contribuido a mejorar el proyecto antes de su remisión a la Cámara.
Por su parte, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha cuestionado que la norma garantice una financiación suficiente para las universidades públicas y ha advertido de que el plan plurianual de financiación 2025-2029, anunciado en 2024, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni se ha aprobado en Consejo de Gobierno, según ha denunciado.
Torres ha criticado que la financiación quede condicionada a la disponibilidad de recursos y que únicamente se garanticen las transferencias corrientes destinadas a los gastos de personal, sin asegurar los recursos necesarios para el mantenimiento de instalaciones y el funcionamiento ordinario de los campus. "El Gobierno regional no garantiza que se pueda abrir la persiana de las universidades públicas cada día", ha afirmado.
Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que el proyecto no establezca un calendario para alcanzar una inversión universitaria equivalente al 1% del PIB regional, frente al 0,77% que ha situado como nivel actual. También ha criticado la ausencia de medidas específicas sobre vivienda, residencias de estudiantes, transporte público, becas y salud mental. Pese a ello, el PSOE se ha abstenido para permitir la tramitación de una norma que considera mejorable mediante enmiendas.
Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha reconocido el trabajo realizado por la Consejería en la elaboración del proyecto y la necesidad de actualizar una legislación que lleva más de dos décadas vigente. No obstante, ha rechazado determinados aspectos de la norma por considerar que incorporan contenidos ideológicos vinculados a la Agenda 2030.
Arcas ha defendido la neutralidad ideológica en las aulas universitarias y ha advertido de que su formación estará vigilante durante la tramitación parlamentaria. Aunque ha anunciado el voto favorable de Vox a la toma en consideración, ha precisado que ese respaldo "no es un cheque en blanco" y que su partido planteará modificaciones al articulado.
Por su parte, el diputado de IU-Verdes integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, perteneciente a la coalición Podemos-IU-AV, ha expresado su rechazo al modelo de financiación incluido en el proyecto, al considerar que no garantiza recursos suficientes para el funcionamiento, las inversiones y la sostenibilidad de las universidades públicas.
Álvarez-Castellanos también ha cuestionado la incorporación del concepto de neutralidad ideológica al texto, que considera contrario a los principios de libertad académica, pensamiento crítico y pluralidad propios del ámbito universitario. Asimismo, ha criticado las previsiones sobre becas y ha reclamado una financiación pública estable que permita desarrollar los objetivos de la legislación estatal.
La diputada María Marín, de Podemos-IU-AV e integrada igualmente en el Grupo Mixto, ha denunciado que el proyecto introduce el principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos, por el que las universidades públicas deberán procurar un incremento gradual de sus ingresos procedentes de fuentes sociales, empresariales e institucionales.
Marín ha advertido de que esta fórmula supone, a su juicio, "el verdadero caballo de Troya de la universidad pública" y ha recordado que el anteproyecto llegó a contemplar un objetivo del 30% de financiación procedente de otras fuentes. En su explicación de voto, ha insistido en que la universidad pública necesita "financiación suficiente, compromisos exigibles y respeto" a su autonomía.
Por parte del PP, la diputada María Luisa Casajús ha defendido que la nueva legislación permitirá modernizar el sistema universitario, reforzar la transparencia, mejorar la conexión entre la investigación y el tejido productivo y facilitar oportunidades laborales a los jóvenes de la Región.
Casajús ha destacado el plan plurianual de financiación universitaria, que, según ha señalado, supone un incremento del 47% respecto al anterior, y ha reivindicado las medidas de inclusión, diversidad y accesibilidad contempladas en el proyecto. También ha defendido la necesidad de atraer y retener talento y ofrecer a los estudiantes oportunidades para desarrollar su futuro profesional en la Región de Murcia.
En su intervención final, Vázquez ha agradecido el respaldo a la tramitación y ha defendido que la nueva ley debe responder a una realidad universitaria muy distinta a la de 2005. El consejero ha invitado a los grupos a profundizar durante el debate parlamentario en ámbitos como la inclusión, la investigación, la innovación y la financiación.
Tras la votación favorable, la Mesa de la Asamblea abrirá el plazo para proponer comparecencias y remitirá el proyecto a la comisión correspondiente, donde continuará su tramitación y podrán incorporarse enmiendas antes de su eventual aprobación definitiva.
