Asamblea tumba la modificación de la Ley de Simplificación entre críticas del PSOE a la "privatización"

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha tumbado la modificación de la Ley de Simplificación Administrativa, tras un debate en el que el PSOE ha acusado al Gobierno regional de "privatizar los servicios públicos", el PP ha rechazado el texto por haber sido "pactado con Vox", y el partido de Abascal ha denunciado el "caos normativo" en la Comunidad.

El proyecto de ley, que pretendía sustituir al decreto-ley convalidado en julio, ha sido rechazado con los votos en contra del Partido Popular y del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), el voto a favor de Vox y la abstención del PSOE. De esta forma, prevalece el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en junio, que seguirá en vigor como marco regulador en materia de simplificación administrativa.

La modificación llegaba al Pleno tras pasar por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde fueron rechazadas 14 enmiendas presentadas por la oposición.

El texto, respaldado por la patronal Croem, buscaba reducir trámites administrativos y agilizar la actividad económica, pero ha terminado enfrentando a todos los grupos parlamentarios.

La diputada de Vox, Virginia Martínez, ha explicado que su grupo ha apoyado el dictamen porque "la eliminación de trabas burocráticas es esencial para la creación de riqueza y la libertad económica", aunque ha advertido que "han pretendido colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario". Según ha dicho, "la comunidad autónoma acumula ya siete leyes de simplificación y ninguna se ha aplicado correctamente, lo que demuestra un auténtico caos legislativo".

Desde el Grupo Mixto, la diputada María Marín (Podemos-IU-AV) ha votado en contra y ha afirmado que "la ley de simplificación de López Miras no es más que la ley de la CROEM: hecha por y para los empresarios".

Marín ha denunciado que "el texto ha sido dictado por la patronal y tramita sin los informes jurídicos preceptivos ni participación ciudadana", asegurando que "pone por encima de los ayuntamientos y de los vecinos los intereses de los grandes lobbies económicos".

Por su parte, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños ha justificado la abstención de su grupo alegando que "no se pueden anteponer los intereses económicos a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural" y que el decreto "ha vulnerado la autonomía municipal y ha supuesto un paso más en la privatización de los servicios públicos". "Esta norma no ha garantizado la seguridad jurídica ni ha contado con diálogo ni consenso", ha añadido.

Desde el PP, María Casajús ha defendido el texto original del Gobierno regional, aprobado en junio, al asegurar que "buscaba reducir la maraña burocrática que frena la actividad económica y aportar seguridad jurídica sin renunciar a las garantías".

La diputada ha reprochado que "el texto debatido en el Pleno no era el del Ejecutivo, sino un proyecto transformado y distorsionado tras el pacto entre Vox y el PSOE", y ha acusado a ambos grupos de "frenar el cambio y mantener la burocracia".