La administración local desoye la petición de una madre que trabaja como profesora en el municipio
MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santomera desatiende la petición del Defensor del Pueblo de la Región, José Pablo Ruiz Abellán, quien solicita que se cumpla el artículo 9.6 del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Atención a la Infancia 'Infanta Elena', por el que los niños matriculados en el primer curso tienen un derecho preferente respecto a las nuevas incorporaciones, y que así, se reconozca la inscripción de una alumna que había cursado primer curso en la guardería municipal.
Además, este reglamento no excluye a los padres que no están empadronados, y se da especial consideración a los progenitores que trabajan en el municipio, aunque no estén domiciliados en el mismo.
Los hechos se remontan a junio de 2011, cuando la madre de la pequeña presentó una queja ante la Defensoría, poniendo de manifiesto su disconformidad con la exclusión de su hija del centro para el curso 2011/2012 por no estar empadronada en el municipio de Santomera, pese a haber estado inscrita en el mismo durante el curso anterior.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Administración local pone de manifiesto que la Junta de Gobierno Local Municipal, en sesión extraordinaria celebrada en abril de 2012, adoptó el acuerdo de mantener el sistema de acceso y admisión de alumnos en el centro, aplicando el baremo recogido en el artículo 13 del Reglamento de Régimen Interior, Estructura y Funcionamiento del mismo, por lo que aplicando dicho baremo la madre de la pequeña, maestra de uno de los centros públicos de Educación Infantil y primaria (CEIP) del municipio, no alcanza la puntuación necesaria para la admisión de su hija para el actual curso escolar "con fundamento en no estar empadronada ni residir en el municipio de Santomera".
El Defensor del Pueblo lamenta la actuación del Ayuntamiento, "contraria a las recomendaciones europeas de adoptar medidas progresivamente encaminadas a hacer compatibles las obligaciones profesionales, familiares y formativas, de los hombres y las mujeres, con aquellas obligaciones derivadas del hecho de tener a cargo niños, facilitando la ampliación y el acceso a servicios locales para el cuidado de estos menores, permitiendo conciliar las labores profesionales con la vida familiar".
Esta Defensoría consideraba, de tal forma, que el criterio seguido por el Ayuntamiento provocaba una situación de "inestabilidad" continua para los alumnos y para los padres que cada año tienen que someterse al baremo del artículo 13 del Reglamento para acceder a una plaza, "frustrando" así los objetivos de esta clase de centros que son los de facilitar a los progenitores o tutores tanto su incorporación al mundo laboral "como el incremento de las opciones que la mujer tiene actualmente para acceder al trabajo".
DARÁ CUENTA AL PARLAMENTO
Tras lo que comunica, en declaraciones a Europa Press, que en el informe anual al Parlamento regional --en el primer semestre de 2013--, dará cuenta del "incumplimiento" y de la "falta de atención" por parte del Ayuntamiento de Santomera a la resolución de esta Defensoría con una justificación que, desde su punto de vista, "no es razonable".
La madre, por su parte, declara que ésta fue "una situación injusta y discriminatoria hacia mi niña y hacia mi tanto a nivel laboral como personal".
"Creía en la protección del menor, en la conciliación de la vida familiar y laboral, y por supuesto, en la incorporación de la mujer al mundo laboral", opero "cuál ha sido mi sorpresa al saber que pese a que la legislación vigente protege y favorece todos esos aspectos de nuestra sociedad actual".
Tras lo que matiza que los docentes "que trabajamos en municipios, y pueblos diferentes a nuestro lugar de residencia, realizamos una labor educativa y social en ese municipio que va más allá de las horas de trabajo que por ley nos corresponden". Por lo que no entiende, que si su labor repercute al fin y al cabo en el municipio, "todavía se pongan trabas injustificables que compliquen la situación familiar y laboral del trabajador".
