Bernal ya advirtió que si el Plan de ajuste no cumple los objetivos se aplicarán "más recortes", según UGT

MURCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ya anunció que adoptará más medidas de "recorte" si el Plan de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas no cumple su objetivo de reducir el déficit de la Comunidad Autónoma, según ha hecho saber el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez.

Jiménez ha contestado de esta forma al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró este lunes que "pronto, a lo largo de este año" se pondrán en marcha nuevas medidas económicas que "no tendrán más objetivo, por difíciles que sean", que procurar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

En este sentido, Jiménez ha recordado que, en el transcurso de las pocas mesas de negociación que hay en este momento, "no es la primera vez que los sindicatos preguntan al político de turno qué sucederá cuando no se consiga el objetivo pretendido con el desarrollo de estas políticas de ajuste".

Al ser preguntados por este supuesto Plan 'B', en caso de que estas medidas no saliesen adelante como ya advirtieron los sindicatos, los políticos "responden desgraciadamente que se producirán más recortes". Jiménez añade que esto es "absolutamente reprobable".

El secretario regional de UGT ha recordado que en la Región de Murcia hay un claro ejemplo, con las dos leyes de medidas extraordinarias que, a pesar de "los profundos recortes que suponían, no han tenido ninguna eficacia positiva para sanear las cuentas públicas y para reducir el déficit público".

Al respecto, ha recordado que UGT lleva dos años "poniendo encima de la mesa medidas para remontar la situación sin necesidad de desmantelar el Estado de Bienestar Social que son absolutamente desoídas, mientras se renuncia permanentemente a cobrar impuestos que pueden ser sufragados de forma cómoda por las rentas del capital".

JORNADA-DEBATE SOBRE LA REFORMA SANITARIA

Jiménez ha hecho estas declaraciones junto a la secretaria de Políticas de Protección Social y de la Dependencia, Eugenia Pérez Parra, para dar a conocer las jornadas que, bajo el título 'La Sanidad pública en peligro', va a desarrollar UGT el próximo martes 3 de julio en el Salón de Actos del sindicato, con el fin de acercar a los ciudadanos las "importantes repercusiones sociales que tienen los recortes en el Sistema Nacional de Salud".

Pérez Parra ha señalado que las jornadas contarán con una primera mesa de debate que abordará el efecto del Real Decreto, para que los ciudadanos conozcan las consecuencias del "copago farmacéutico, en ortoprótesis, cuál va a ser la cartera común básica en cuanto al transporte sanitario no urgente, y quién va a tener la condición de asegurado".

Ha señalado que todavía está por desarrollar el contenido normativo del Real Decreto, pero estima que su aplicación "va a ser un caos". Por ejemplo, ha citado el caso de una persona que puede cobrar menos de 18.000 euros anuales pero ser despedido a mitad de años y supere sus ingresos, con lo que se le aplicaría el alza en los medicamentos.

La segunda mesa de debate tratará sobre el deterioro del empleo público sanitario en la Región de Murcia, ya que va a suponer "cierres de centros de salud y quirófanos por las tardes para evitar peonadas", según Pérez Parra. Para ello, UGT traerá a Murcia expertos de su organización confederal, como Pilar Navarro, que hablará del sector de salud y los servicios sociosanitarios.

Al ser preguntada por el impacto económico de este Real Decreto para los pensionistas o enfermos de la Región de Murcia, Pérez Parra ha señalado que "todavía no se puede saber porque no hay un desarrollo reglamentario específico", aunque ha avanzado que se estima que afectaría a 300.000 pensionistas de la Comunidad, y "perjudicará a 800.000 personas con derecho a asistencia sanitaria".

No obstante, Jiménez lamenta las repercusiones de las decisiones políticas que tienen como marco el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y para mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, un título que ha tachado de "eufemístico" porque "no tiene justificación".

Estas medidas "empeoran la calidad y la seguridad que tienen las prestaciones", según Jiménez, quien lamenta que el Real Decreto "no se sometió a consulta de las organizaciones sindicales", y "sienta las bases para la demolición del sistema sanitario público de España" porque "destruye sus principios básicos de universalidad, equidad, participación y solidaridad".

"El Gobierno se está empecinando en dar una visión apocalíptica del Sistema Nacional de Salud", según Jiménez, quien entiende que la sostenibilidad "no está en entredicho" tal y como "demuestran los datos oficiales".

Por ejemplo, ha defendido que estos datos reflejan que el Sistema Nacional de Salud "tiene una moderada significación en el PIB nacional; y tiene una rentabilidad muy alta en términos comparativos con otros sistemas europeos más costosos y que tienen menos coberturas".

En este sentido, ha puntualizado que España invierte en el Sistema Nacional de Salud cerca de un siete por ciento del PIB en gasto social, lo que supone dos puntos menos de lo que invierten países como Francia, Alemania, Austria o Suecia". Además, se encuentra a un punto de la media de inversión de la UE de 15 países, mientras que en Estados Unidos se gasta un 15 por ciento del PIB en Sanidad.

En conclusión, ha considerado que el Real Decreto "nace envenenado por un diagnóstico previo que es subjetivo, interesado y oportunista, porque aprovecha la situación de crisis para desmantelar el sistema". Para ello, ha añadido que "se desvirtúan sus principios, que se han mantenido prácticamente sin modificación los últimos 25 años".

"CINISMO VERGONZANTE"

Jiménez comparte que el gasto público debe efectuarse con "eficiencia" y que debe de haber "austeridad, tanto en crisis como cuando no la hay", pero sostiene que, en este momento, debe de abrirse un debate "sereno para que se garantice l cobertura o la suficiencia financiera del propio sistema".

Al respecto, ha tachado de "cinismo vergonzante" que, en esta última época, se hayan inyectado "miles de millones de euros a la banca y se diga, en contrapartida, que las administraciones no pueden gastar lo que no tenemos y estén desmantelando los servicios públicos".

Ha criticado, en este sentido, las medidas que contiene el Real Decreto, como el hecho de que deje "sin cobertura sanitaria" a los mayores de 26 años que no han cotizado, o a los inmigrantes sin permiso de residencia, al tiempo que ha denunciado que introduce "una regulación de la cartera de servicios, introduce el repago en el transporte sanitario no urgente, en productos dietéticos u ortoprótesis".

A su juicio, estas prestaciones "no son optativas", sino que "son obligatorias y penalizan al enfermo que está recibiendo tratamiento, como a los diabéticos, enfermos oncológicos o autoinmunes".

Asimismo, ha lamentado el repago en el pago farmacéutico para pensionistas y el alza en el precio de los medicamentos para trabajadores en activo que, a su juicio, "quiebra los principios de equidad".