MURCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ejecutivo regional ya trabaja en la línea de la petición de la Eurocámara respecto a la necesidad de recuperar los suelos contaminados, mediante una hoja de ruta que supone "devolver espacios a la ciudadanía para que pueda disfrutar de ellos con todas las garantías ambientales y para la salud".
Para ello, "aplicamos la ley y los procedimientos regulados, además de contar con el asesoramiento científico de universidades y organismos especializados como el Consejo de Seguridad Nacional", han informado fuentes de la Comunidad consultadas por Europa Press.
Cabe recordar que esta semana, el Pleno del Parlamento Europeo reclamó que los países de la Unión Europea (UE) investiguen, evalúen y limpien suelos contaminados para abordar riesgos "inaceptables" para la salud humana y el medio ambiente, mientras que corresponderá abonar los costes de dichas labores a quienes contaminan, de conformidad con el principio de "quien contamina paga".
Los eurodiputados adoptaron su posición sobre la propuesta de la Comisión para una Ley de Vigilancia del Suelo, la primera legislación de la UE dedicada a los suelos, con 336 votos a favor, 242 en contra y 33 abstenciones, aunque corresponderá al Parlamento que surja de las próximas elecciones europeas dar continuidad al expediente.
Según la Comisión, se estima que en la UE hay 2,8 millones de suelos potencialmente contaminados, por lo que los eurodiputados apoyan la exigencia de elaborar una lista pública de estos lugares en todos los países de la UE a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de esta directiva.
VERTEDERO DE ABANILLA
En este contexto, la Comunidad exige al causante del daño ambiental que ejecute la descontaminación del suelo y, en caso de no hacerlo, ejecuta los trabajos necesarios para exigir, posteriormente, el pago de los costes al causante bajo el principio de "quien contamina, paga".
Ejemplo de este procedimiento es el vertedero ilegal de Abanilla y la ejecución subsidiaria de limpieza del mismo por parte de la Administración regional. Así, la Audiencia Provincial de Murcia condenó al responsable de este espacio a indemnizar a la Comunidad con un total de 10,6 millones de euros.
